Jose Ferras
La Cámara Federal de Casación Penal redujo la condena a diez años de prisión para el empresario Lázaro Báez en el marco de la causa conocida como “La ruta del dinero K”. Los jueces ratificaron los decomisos por 65 millones de dólares y confirmaron que existió un lavado de 55 millones de dólares, pero a la vez sostuvieron que los 55 millones se habían originado a partir de hechos de evasión tributaria.
En un fallo dividido, los camaristas Mariano Borinsky y Ángela Ledesma sostuvieron que era “inconducente” analizar si debía considerarse también como delito precedente la corrupción en la obra pública juzgada en Vialidad, el caso en el que se condenó a Cristina Kirchner.
En disidencia votó en este punto el otro juez del tribunal, Javier Carbajo. La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la causa de la ruta del dinero K fue tomada por los doctores en una sentencia de 1000 fojas y 20 audiencias celebradas durante el año pasado. La sentencia en la causa La ruta del dinero K y la reducción de la condena a Lázaro Báez desencadenó una fuerte polémica entre el Gobierno y la oposición.
Hay que recordar que la condena al empresario patagónico fue posible gracias a la colaboración de Leonardo Fariña, quien trabajó durante un año para Austral Construcciones y luego se acogió a la figura del arrepentido. En sus declaraciones, el contador señaló como era la operatoria que usaba Báez para manipular la contabilidad de la empresa. "Usaban la empresa para hacer negro el blanco y eso generaba deudas todo el tiempo sacaban el dinero del circuito comercial de la empresa y lo enviaban al patrimonio de Lázaro que no se declaraba, hay 55 millones de dólares en el exterior trazables, un campo en Mendoza, otro en Uruguay, una financiera y tres cooperativas, vi más de 20 registros de propiedades no declaradas", señaló Fariña en una de sus intervenciones durante el juicio.
Todo comenzó a principios de 2013, cuando el programa “Periodismo Para Todos”, conducido por Jorge Lanata, emitió un video secreto sobre Fariña, en el que se describían los planes de blanqueo de dinero de Báez. Además, se dio a conocer imágenes de la financiera SGI, propiedad de Elaskar, en las que se observaba a Martín Báez y a Pérez Gadín, contador de las empresas relacionadas con Báez, manejando dinero. La causa fue iniciada en el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello. Finalmente, en abril de 2016, el juez emitió una orden de detención preventiva contra Lázaro Báez, quien fue encarcelado en el penal de Ezeiza.
La reducción de la pena para el empresario Lázaro Báez generó fuertes críticas de la oposición que acusó al Gobierno de intentar encubrir el caso. Por su parte, el oficialismo defendió la sentencia sosteniendo que esta fue tomada por los jueces y no por el Gobierno. A pesar de las críticas, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el fallo y señaló que los 55 millones de dólares habían sido originados a partir de hechos de evasión tributaria.
