Redacción Primicia 24
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana dictó este jueves una sentencia que marcará un precedente en causas de violencia de género y abuso sexual: Claudio Contardi, expareja de la modelo y conductora Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual agravado, amenazas y violencia psicológica contra quien fuera su esposa. La decisión, leída en una audiencia cargada de tensión y expectativa mediática, llega tras años de denuncias públicas, litigios judiciales y un extenso proceso probatorio que incluyó testimonios clave, peritajes psicológicos y documentación que daba cuenta de un patrón de maltrato y control sobre la víctima. a fiscalía había solicitado una pena de 20 años, mientras que la querella, encabezada por el abogado Roberto Damboriana, apuntó alto: 50 años, argumentando la multiplicidad y la continuidad de los delitos. Finalmente, el tribunal, integrado por los jueces María Isabel Peralta, Alejandro Bertuzzi y Horacio Ponce, optó por una condena de 19 años, sosteniendo que el cúmulo de pruebas era contundente pero que debía aplicarse la proporcionalidad penal prevista por el Código.
Julieta Prandi, quien asistió a la lectura acompañada por familiares, amigos y referentes de colectivos de mujeres, rompió en llanto al escuchar la condena. “Es un paso más hacia la justicia, pero nada repara lo que me hizo vivir”, declaró brevemente ante la prensa, visiblemente emocionada. La conductora había expuesto en numerosas entrevistas el calvario que vivió durante su matrimonio, incluyendo episodios de violencia física, aislamiento social y abuso sexual sistemático. Durante el juicio, que se extendió por más de cuatro meses, desfilaron testigos que relataron episodios de hostigamiento, manipulación económica y amenazas que Contardi habría desplegado contra Prandi incluso después de la separación. El Ministerio Público Fiscal respaldó la acusación con peritajes que confirmaron indicadores de abuso y coerción psicológica prolongada.
El caso adquirió especial relevancia en la opinión pública no solo por la figura mediática de la víctima, sino también por la crudeza de los testimonios y la resistencia que la propia Prandi denunció haber encontrado en sectores del sistema judicial. “Me dijeron que mi caso no era prioridad, que tenía que esperar, que no tenía pruebas suficientes. Hoy queda demostrado que la verdad siempre encuentra su camino”, señaló tras la audiencia. La defensa de Contardi, por su parte, anunció que apelará la sentencia ante la Cámara de Casación bonaerense, argumentando que el proceso estuvo “contaminado” por la exposición mediática y que las pruebas fueron “mal interpretadas”. Sin embargo, el tribunal rechazó de plano cualquier intento de nulidad durante el debate oral, ratificando la validez de cada instancia probatoria.
El fallo también ordena medidas de protección para Prandi y sus hijos, quienes según la investigación fueron testigos y víctimas indirectas del clima de violencia en el hogar. Entre ellas, se incluye la prohibición de contacto de Contardi con los menores y la ampliación de las restricciones perimetrales. En paralelo, organizaciones que luchan contra la violencia de género celebraron el veredicto como un triunfo judicial, aunque remarcaron que los plazos del proceso —que se extendió más de cinco años desde la primera denuncia— evidencian la necesidad de una reforma que agilice las causas. “Cada año que pasa sin sentencia es un año en que la víctima sigue en riesgo”, sostuvo Marta Torres, directora de la ONG Mujeres Libres. La figura de Julieta Prandi, que en los últimos años se convirtió en una voz visible en la denuncia de abusos intrafamiliares, cobra un nuevo peso con esta condena. Su caso refleja las dificultades que muchas mujeres enfrentan para obtener justicia cuando el agresor pertenece a su círculo íntimo, y la importancia de la visibilización pública para romper el silencio y presionar por avances judiciales.
La sentencia contra Claudio Contardi también envía un mensaje político y social: la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, no puede quedar impune. Aunque la pena no alcanzó el máximo que buscaba la querella, la condena a casi dos décadas de prisión marca un hito en la jurisprudencia sobre violencia de género y abuso sexual en el país. La ejecución de la pena comenzará una vez que la condena quede firme. Hasta entonces, Contardi permanecerá detenido con prisión preventiva, bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense. La defensa insistirá con la apelación, pero las posibilidades de revertir un fallo tan sólido en pruebas parecen acotadas. En palabras de la propia Prandi, “no hay sentencia que devuelva los años perdidos, pero sí puede evitar que él vuelva a lastimar a otras mujeres”. Una frase que sintetiza la dimensión humana y social de un caso que atravesó la vida privada, el debate público y los pasillos de los tribunales argentinos.
