La Corte de Estados Unidos decidirá si Argentina debe entregar el 51% de YPF

La disputa legal por la expropiación de YPF ingresa en horas decisivas en Nueva York. Este martes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito deberá resolver si acepta el pedido del Estado argentino de posponer la entrega del 51% de las acciones de la petrolera, tal como ordenó en junio la jueza federal Loretta Preska. El caso se originó por la demanda de los fondos Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio por la estatización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En septiembre de 2023, Preska condenó al país a pagar US$ 16.100 millones por incumplir el estatuto de la compañía. Y el 30 de junio pasado, dio un paso inédito: ordenó la transferencia de las acciones en poder del Estado como parte del cumplimiento de la sentencia.

El Gobierno apeló de inmediato. Argumentó que la orden violaba la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA) y la legislación argentina, que exige autorización del Congreso para vender o transferir el paquete accionario. Además, sostuvo que la ejecución inmediata del fallo podría provocar un daño irreparable al patrimonio público y a la soberanía energética. La posición argentina recibió un respaldo clave: el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito (amicus curiae) en apoyo a la suspensión, señalando que forzar la entrega de las acciones podría sentar un precedente negativo para otros países y complicar la política exterior de Washington.

Frente a esto, la Cámara de Apelaciones dictó una suspensión temporal de la orden de Preska, evitando por el momento que se concrete el “turnover” accionario. Sin embargo, esa medida es apenas administrativa: el martes se sabrá si el tribunal mantiene la suspensión, la condiciona o la rechaza.

Según fuentes judiciales, hay tres escenarios posibles:

• Rechazar la suspensión, lo que reactivaría de inmediato la orden de Preska. En este caso, Argentina debería transferir las acciones o quedaría en situación de desacato.
• 
  Otorgar la suspensión con condiciones, como ofrecer garantías alternativas a las acciones de YPF.
• 
  Conceder la suspensión sin condiciones, permitiendo que la apelación siga su curso sin ejecutar el fallo en el ínterin.

El riesgo más serio es que el tribunal niegue la suspensión y el país se niegue a cumplir. Esto abriría la puerta a que Argentina sea declarada en desacato por un tribunal federal de Estados Unidos. Las consecuencias serían múltiples. En el plano financiero, cualquier intento de emitir deuda en mercados internacionales quedaría bloqueado o encarecido, ya que los acreedores podrían pedir embargos preventivos. En el frente diplomático, el incumplimiento podría deteriorar la relación bilateral con Washington y generar presiones de otros socios comerciales.

Además, el desacato judicial se convertiría en un argumento político de alto voltaje en la interna argentina. El oficialismo de Javier Milei lo enmarcaría como una defensa de la soberanía nacional frente a un “ataque” de fondos especulativos, mientras que la oposición peronista podría culpar al Gobierno por no haber negociado un acuerdo que evitara la escalada.

El caso YPF ha sido, desde su inicio, una combinación de litigio económico y pulseada política. La expropiación de 2012 se justificó oficialmente como un acto de recuperación de recursos estratégicos, pero los demandantes sostienen que el Estado violó el estatuto que protegía a los accionistas minoritarios. La Justicia estadounidense, con base en ese argumento, falló en su contra y ahora se debate cómo ejecutar la sentencia. Si el Segundo Circuito concede la suspensión, el Gobierno ganará tiempo para preparar su defensa y, eventualmente, buscar un acuerdo extrajudicial. Si no lo hace, el escenario de incumplimiento y sanciones quedará a la vuelta de la esquina.

En cualquier caso, la resolución del martes será un punto de inflexión. Para la administración Milei, que busca reinsertar a Argentina en los mercados internacionales y atraer inversiones, un desacato en los tribunales de Nueva York sería un golpe severo a su estrategia económica. Y para YPF, cuyo valor bursátil ya se vio afectado por la disputa, la incertidumbre seguirá pesando hasta que se defina la cuestión de fondo.