Alejandro Attili
Durante un control vehicular en la Ruta Nacional N° 9, cerca del kilómetro 225, los miembros del Escuadrón Seguridad Vial “San Nicolás” junto con el personal de AFIP - DGA detuvieron a un transporte de encomiendas procedente de Salta.
Tras solicitar y obtener autorización judicial, abrieron los bultos y descubrieron 480 kilos 360 gramos de hojas de coca en estado natural, 1.016 kilos de ropa, 40 mochilas, 224 sabanas, 2.040 cierres, 197 pares de calzados, 2.610 termos, 53 botellas metálicas, 180 unidades de cotillón, 1.600 juguetes y suplementos dietarios. Las piezas de mercadería no contaban con la documentación correspondiente y estaban siendo enviadas a Pablo Nogués.
La prohibición de las drogas no ha logrado cumplir con su objetivo de reducir el consumo y la venta de drogas, ni tampoco ha conseguido desarticular los mercados ilícitos. Por el contrario, ha contribuido al aumento de la violencia, al incremento de la desigualdad y a la exclusión social. El enfoque de la regulación de las drogas, por el contrario, promueve enfoques más integrales y humanos basados en la prevención y el tratamiento, y aboga por una reducción en el daño causado por el uso de drogas.
Esto significa que la regulación debe centrarse en la protección de la salud pública, la prevención de los daños asociados con el uso de drogas y en la reducción del crimen relacionado con el tráfico de drogas. Esta visión es la única forma de abordar de manera eficaz el mercado de drogas ilícito, y devolver la paz y la seguridad a los ciudadanos y comunidades afectadas por el tráfico de drogas.
El último informe de la UNODC refleja una profunda transformación en los mercados de drogas a raíz de la pandemia de Covid-19. Los cambios van desde un aumento en el uso de vías acuáticas y aviones particulares para el transporte de sustancias, una disminución en la demanda de drogas asociadas a actividades recreativas como el LSD, un aumento en el uso de cannabis y opioides y la expansión de la venta online con el mínimo contacto personal.
Estos cambios han provocado un récord histórico en el volumen de la producción de drogas a nivel mundial. En Latinoamérica, esto se ve acompañado por un incremento de la vulnerabilidad de grandes sectores de la población, que pueden convertirse en una fuerza laboral para los mercados de drogas, especialmente entre los jóvenes que luego pueblan las cárceles de la región.
Ante este escenario, es necesario desarrollar nuevas métricas para evaluar el impacto de las políticas públicas, en lugar de enfocarse únicamente en los decomisos, operativos y kilos incautados. Las métricas tendrían que tener a las personas como protagonistas, de manera de reconocer su capacidad de acción. Al mismo tiempo, hay que evitar replicar la lógica prohibicionista, que dificulta el acceso a tratamientos de salud para aquellos que desarrollan adicciones.
Además, es importante analizar las tramas del mercado de drogas prohibidas en cada lugar y contexto, para poder ofrecer alternativas a las personas que dependen de este mercado como medio de subsistencia. Por último, es necesario brindar justicia para no recrear violencias.
