Redacción Primicia 24
El lunes próximo, el sistema de transporte en Argentina se sumirá en una paralización parcial debido a las acciones de protesta organizadas por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). En un horario comprendido entre las 8 y las 11 de la mañana, solo los colectivos y los trenes operarán con normalidad, mientras que el resto de los servicios de transporte, desde subtes hasta el transporte aéreo, marítimo y portuario, así como el transporte de carga en camiones, se verán afectados por asambleas de trabajadores.
Estas medidas son una respuesta al gobierno liderado por Javier Milei, y reflejan el descontento generalizado dentro del sector del transporte en Argentina. Sin embargo, esta decisión no ha estado exenta de controversia, ya que ha generado una división interna en el sindicalismo argentino. Diez sindicalistas han desautorizado al titular de la CATT, Sergio Sasia, después de que éste intentara minimizar el impacto de la protesta, argumentando que las asambleas no representaban un paro de actividades. Por el contrario, estos dirigentes sindicales han afirmado que la medida implica la interrupción total de las actividades durante el horario especificado.
Esta discrepancia refleja las tensiones políticas y laborales que se viven en Argentina en la actualidad. Más allá de la lucha interna en el sindicalismo, el efecto de la protesta se hará sentir en el servicio ferroviario, donde las asambleas lideradas por Rubén "Pollo" Sobrero, de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, causarán demoras en la línea Sarmiento.
El gobierno argentino ha expresado su preocupación por estas medidas de protesta y ha advertido posibles acciones contra quienes las impulsen. Además, esta protesta se enmarca en un contexto más amplio de descontento social y político en Argentina. El paro general de 24 horas convocado por la CGT para el próximo jueves contará con la adhesión tanto de organizaciones gremiales de la CATT como de la UGATT, lo que indica un amplio respaldo sindical a la protesta contra el gobierno.
El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó este jueves que el Gobierno analiza posibles medidas contra quienes impulsen paros el jueves 9 en el transporte y anticipó que “la idea es garantizar que todo aquel que quiera movilizarse, especialmente los que van a su trabajo, lo puedan hacer”.
Sin embargo, el Gobierno eliminó del capítulo laboral de la Ley Bases un artículo cuestionado por el sindicalismo que reglamentaba el derecho de huelga en servicios esenciales como el transporte, la educación y la salud, con la obligación de garantizar un 50% o 75% del trabajo normal. Ese mismo artículo figuraba en el DNU 70, que fue frenado por la Justicia. El Poder Ejecutivo lo incluyó nuevamente en el proyecto de Ley Bases, pero aceptó retirarlo ante la presión de la CGT y la necesidad de buscar más consenso político para que fuera aprobado en la Cámara de Diputados.
