China: un pulpo que pone en riesgo la democracia en América Latina

La enorme expansión de la implicación global de la República Popular China (RPC) y sus empresas en las dos últimas décadas ha generado la correspondiente necesidad de proteger las operaciones y el personal chinos en los entornos peligrosos en los que a veces operan. La conciencia de estas necesidades de protección entre el público chino tuvo su máxima expresión en las películas “Wolf Warrior”, en las que ciudadanos chinos que trabajan en el extranjero se ven amenazados por mercenarios extranjeros y deben ser rescatados. La necesidad de evacuar a ciudadanos chinos de Libia en 2011 y de Yemen en 2015 debido a la agitación política en esos países, así como los recientes ataques contra ciudadanos chinos en Pakistán, pusieron de relieve el imperativo de la RPC de proteger a su pueblo, así como sus crecientes capacidades militares y de otro tipo para hacerlo. También ilustró cómo el deseo de la RPC de proyectarse como respetuosa de la soberanía de otras naciones, reflejado en sus Libros Blancos de Estrategia Militar de 2015 y Estrategia de Defensa de 2019, restringe sus opciones de acción militar oficial.

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Las empresas con sede en la RPC han respondido a estos riesgos para sus operaciones en el extranjero mediante una combinación de trabajo con las autoridades locales y la contratación de empresas de seguridad privada (PSC). En los últimos años, las empresas de seguridad privada han comenzado a formarse en la RPC para apoyar operaciones tanto en el país como en el extranjero. La proliferación de las empresas chinas de seguridad privada se ha basado en la presunción de que la familiaridad cultural, el idioma común y las relaciones con los compatriotas chinos proporcionarán a estas empresas una ventaja sobre las empresas chinas que necesiten protección.

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Se calcula que en 2022 había unas 7.000 empresas chinas de seguridad privada, y que entre 20 y 40 de ellas operaban en el extranjero, hasta en 40 países.

El alcance de las empresas chinas de seguridad privada es amplio, y abarca desde empresas que venden principalmente sistemas de vigilancia electrónica, pasando por consultoría, hasta el suministro de personal armado sobre el terreno para defender físicamente a personas y bienes chinos. En general, el despliegue chino de empresas de seguridad privada ha sido más amplio en Asia y, en menor medida, en África, donde su familiaridad con las prácticas culturales locales es mayor y los gobiernos locales son relativamente maleables. En los países más desarrollados y en América Latina y el Caribe, las empresas de seguridad privada se han visto más limitadas por su falta de experiencia, en competencia con empresas establecidas y bien dotadas de recursos con conocimientos para trabajar dentro (o alrededor) de las leyes locales.

A pesar de estas limitaciones, la creciente presencia de empresas con sede en la RPC en América Latina y los problemas de seguridad que han experimentado allí crean una demanda inherente de empresas chinas de seguridad privada. Desde 2000, según la respetada red académica América Latina-China, las empresas chinas han invertido más de 184.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe en 600 proyectos.

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Las empresas chinas que operan en los sectores del petróleo, la minería, la construcción y otros se han visto continuamente acosadas por problemas de seguridad. Algunos ejemplos destacados son la toma por manifestantes del control de un yacimiento petrolífero operado por China en noviembre de 2006 en Tarapoa (Ecuador), los ataques y la toma de rehenes chinos en el yacimiento petrolífero Emerald Energy en Colombia en 2011, la violencia habitual relacionada con protestas y actividades delictivas en las minas Shougang, Río Blanco y Las Bambas operadas por China en Perú, ataques que obligaron a Sinohydro a suspender la construcción de la presa Patuca III en Honduras, numerosas huelgas contra proyectos hidroeléctricos y de construcción de carreteras chinos en Bolivia y, más recientemente, la violencia que obligó a la empresa Zijin, con sede en la RPC, a cerrar sus operaciones en la mina de oro de Burtica y a Emerald Energy, de propiedad china, a suspender sus operaciones petrolíferas en Colombia en 2023, por nombrar solo algunos ejemplos. Con el actual deterioro de las condiciones económicas, el aumento de la violencia y las protestas sociales en toda América Latina, además de la creciente presencia de China en la región en el entorno posterior a la guerra de Chechenia, es probable que los problemas de seguridad para las operaciones de la República Popular China en la región sigan aumentando en un futuro próximo.

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Los documentos políticos de la RPC, como el Libro Blanco de Política China-América Latina de 2016, el plan China-CELAC 2022-2024 y el Libro Blanco de febrero de 2023 sobre la “Iniciativa de Seguridad Global” de China, reconocen el interés de la RPC en la cooperación multifacética en materia de seguridad con América Latina, pero guardan un notable silencio sobre la cuestión de las empresas de seguridad privadas.

Aunque las empresas de seguridad privada con sede en la RPC han mantenido un perfil bajo en América Latina y el Caribe, una búsqueda en Internet en chino en sitios web como Baidu revela múltiples empresas chinas de seguridad privada que operan o buscan oportunidades en la región. En Perú, China Security Technology Group tiene un memorando de cooperación con Grand Tai Peru, una empresa que proporciona seguridad en el sector minero. Beijing Dujie Security Technology Company, por ejemplo, tiene una oficina en Argentina, y China Overseas Security Group afirma haber realizado investigaciones sobre el terreno en busca de oportunidades en el país. Las empresas de seguridad chinas también operan en Uruguay y Venezuela, vinculadas al conglomerado Tie Shen Bao Biao, con sede en la RPC.

En Centroamérica, Zhong Bao Hua An Security Company afirma tener “negocios de cooperación estratégica” en Panamá, El Salvador y Costa Rica. Tie Shen Bao Biao, anuncia servicios de protección personal en Panamá. En México, el “Consejo de Seguridad México-Chino”, creado en 2012 por el antiguo funcionario del gobierno chino Feng Chengkang, tiene la misión de proteger de la violencia de las bandas al personal de las empresas chinas establecidas en México.

Otro material en chino en Baidu insinúa una red de actividades de seguridad de la RPC, con posibles vínculos con el gobierno, que puede ser mucho más profunda. Además de 14 “comisarías de policía en el extranjero” chinas que operan en ocho países de ALC, la RPC anuncia “centros de ayuda chinos” que operan en la región con misiones que incluyen “salvamento urgente de vidas, formación para la integración, asistencia legal y ayuda a los pobres”. Un sitio web chino de contratación de personal anuncia oportunidades de trabajo relacionadas con la seguridad en América Latina para proyectos en Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina.

Las empresas con sede en la República Popular China tienen derecho a contratar a ciudadanos y entidades chinos, siempre que sea compatible con la legislación local, para ayudar a proteger sus operaciones en expansión en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el desconocimiento de este fenómeno en la región, alimentado por los esfuerzos de la RPC para mantener un perfil bajo y confinar sus interacciones a los medios de comunicación en lengua china, exige una mayor atención como cuestión de política pública, en particular para garantizar que dichas empresas estén debidamente registradas y reguladas, y para garantizar que se respeten los intereses soberanos de los países anfitriones y la seguridad de sus ciudadanos. Aunque la RPC ha publicado unas “Directrices de gestión de la seguridad para empresas, instituciones y personal financiados por China en el extranjero”, las empresas con sede en la RPC son notoriamente laxas a la hora de seguir las directrices gubernamentales, y el Estado chino notoriamente laxo a la hora de hacerlas cumplir en ausencia de motivaciones políticas imperiosas u otros intereses propios para hacerlo.

A medida que aumenten los intereses chinos en la región, es posible que sigan proliferando más CP chinas en ALC. Regímenes autoritarios como Venezuela, Cuba y Nicaragua serían los más propensos a acoger a las empresas chinas del sector privado, junto con países con una gran diáspora china, como Perú y Panamá. Como ha ocurrido en África y en otros lugares, una presencia cada vez mayor de chinos armados en la región que prioricen los intereses de sus operaciones y de sus nacionales chinos, y que no tengan experiencia en los matices de las protestas sociales y la actividad delictiva en América Latina, podría conducir fácilmente a la muerte o lesiones de la población local.

Además, si más comunidades de la diáspora china ALC se convierten en víctimas de la violencia de pandillas, extorsión de grupos criminales locales y chinos, o crímenes de odio antichinos, podrían presionar para que las CPS chinas los protejan. Jamaica es un ejemplo de ello: en 2013, la policía jamaicana aumentó la protección de su comunidad china local después de que el Gobierno chino planteara a Jamaica su preocupación por los robos y extorsiones que se producían en la comunidad china.

Por último, China tiene supuestamente 14 puestos policiales avanzados en el extranjero en ocho países de ALC, que forman parte de la red global china de más de 100 comisarías de policía en todo el mundo. Varias de ellas operan sin la aprobación del gobierno local. Dado que algunas de estas PSC chinas ya colaboran estrechamente con la policía china, las autoridades chinas podrían encargar a las PSC la captura de fugitivos como parte de sus iniciativas globales contra la delincuencia Fox Hunt y Sky Net.

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También es importante señalar que muchos empleados de las empresas de seguridad con sede en la RPC tienen antecedentes en el Ejército Popular de Liberación (EPL) u otros servicios de seguridad, y que las empresas orientadas a los sistemas de vigilancia están intrínsecamente vinculadas a la proliferación de arquitecturas digitales chinas en la región con datos accesibles por las empresas de la RPC que los despliegan, y por el Estado chino a través de la ley de inteligencia nacional de China de 2017. En una época en la que la RPC ha mostrado su creciente voluntad de apuntar explícitamente a Estados Unidos a través de operaciones de inteligencia y militares en el hemisferio, como sus “globos espía”, la instalación de inteligencia electrónica mejorada en Cuba y la negociación de una “base de entrenamiento” allí, Estados Unidos y la región deben ser sensibles a las oportunidades que la proliferación de las PSC chinas en toda la región ofrecen para las actividades de los operadores de inteligencia chinos y las fuerzas especiales del EPL en la región.