Redacción Primicia 24
Las autoridades del gobierno porteño han sido denunciadas penalmente por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por supuestamente utilizar datos biométricos sin una justificación racional, lo que constituye una violación de secretos. La denuncia se realizó en virtud del artículo 157 del Código Penal, que establece penas de cárcel e inhabilitación para el funcionario público que revele información confidencial.
La causa ha sido sorteada y será el Juzgado Federal y Correcional N° 3 el encargado de investigar los hechos. La investigación fue iniciada a raíz de notas periodísticas que reportaron posibles irregularidades en el uso de datos biométricos por parte del gobierno de la Ciudad, obtenidos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) en virtud de un convenio suscripto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en 2019. El convenio establecía que la información brindada por Renaper sólo podría ser utilizada para fines específicos y prohibía su uso para otros fines.
En un fragmento del documento al que Télam tuvo acceso, el fiscal Sergio Rodríguez explicó que el delito de "violación de secretos" castiga a cualquier funcionario que acceda a un banco de datos personales sin autorización, sin especificar la forma de acceso, lo que significa que cualquier medio de ingreso es válido. En relación a esto, señaló que los accesos/consultas a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en virtud del convenio mencionado no parecen tener una justificación lógica según los datos aportados, lo que sugiere que dichos accesos podrían ser ilegales.
En 2019, se introdujo en CABA el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP), que se contrastaría con la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc), pero Rodríguez advirtió que, salvo orden judicial, estaba prohibido incorporar imágenes y registros de personas no registradas. Luego de analizar los datos, Rodríguez concluyó que hubo una migración de datos biométricos en grandes cantidades desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA para las prevenciones realizadas o para la carga y alimentación del SRFP. Además, el peritaje y la información proporcionada por el Renaper indican que hubo más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos.
Lo que resulta llamativo para Rodríguez es que hasta 2020, el Conarc tenía 40.000 registros de personas buscadas por el Poder Judicial, mientras que los datos del Renaper sugieren que el número de consultas anuales del Ministerio de Justicia porteño fue de 2.563.190 en 2019, 5.420.590 en 2020, 6.969.878 en 2021 y 3.367.330 en 2022.
En consecuencia, el fiscal decidió iniciar un sumario administrativo contra las autoridades del Renaper por la información proporcionada y por no garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales 25.326, y presentar una denuncia penal contra los funcionarios del Gobierno de la Ciudad.
El Gobierno porteño ha solicitado datos de varias personas, incluyendo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini; el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman; y el dirigente social Juan Grabois.
Además, el fiscal Rodríguez ha revelado que la mayoría de las solicitudes se dirigieron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (con 226 consultas), el desaparecido policía proteño Arshak Karhanyan (con 92 consultas) y el presidente Alberto Fernández (con 76 consultas). También se han solicitado datos de dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y personas afines al principal partido de la oposición, incluyendo la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy; el diputado de Avanza la Libertad José Luis Espert; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; el diputado radical Facundo Manes y el precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei.
