Cuatro militares fueron imputados por la muerte de jóvenes

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a cuatro miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por su presunta responsabilidad en la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas el pasado 26 de febrero. La audiencia se llevó a cabo el lunes 10 de abril y terminó a las 2:21 de la tarde, durante la cual se identificó a los miembros del Ejército como Bernardo "N", Agustín "N", Jorge Nicolás "N" y Juan Carlos "N". Los militares fueron enviados a prisión preventiva oficiosa en el Campo Militar 1 de la Ciudad de México, mientras que su solicitud de duplicidad del plazo constitucional se programó para el miércoles 12 de abril.

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Los hechos que se le imputan a los militares en Nuevo Laredo

Durante la madrugada del 26 de febrero de 2023, los miembros de la Sedena realizaban labores de reconocimiento cuando escucharon detonaciones cercanas y se aproximaron al origen del ruido. Descubrieron un vehículo tipo pick-up, que no tenía placas ni luces, y que iba a exceso de velocidad, tratando de escapar de los militares. El vehículo llevaba a siete jóvenes, y según el informe oficial de la Sedena, se estrelló contra otro vehículo estacionado mientras intentaba evadir a las autoridades. En respuesta a este evento, los miembros militares accionaron sus armas de fuego, un suceso que actualmente está siendo investigado por las autoridades para determinar su veracidad. Trágicamente, cinco jóvenes perdieron la vida, otro resultó herido y uno escapó ileso. Según el periodista Pablo Ferri de El País, que tuvo acceso al Informe Policial Homologado redactado por los militares, se detalló que los uniformados utilizaron sus armas sin la debida autorización por parte de su capitán.

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De acuerdo con las investigaciones, al menos cuatro cabos de caballería fueron los responsables de disparar contra los civiles. Los militares dispararon después de revisar la camioneta en la que iban las víctimas, la cual había sido reportada por ir a exceso de velocidad y que se había estrellado. Sin embargo, después de una revisión exhaustiva, no se encontró material ilícito en el vehículo.

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La camioneta en la que viajaban las víctimas presentaba al menos 20 impactos de bala, y de acuerdo con información proporcionada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dos personas habrían sido rematadas en la nuca mientras se encontraban en el pavimento. Estos hechos fueron considerados como graves violaciones a los derechos humanos.

El 28 de febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó sobre el inicio de una queja de oficio por los acontecimientos ocurridos en Nuevo Laredo. La CNDH está investigando los hechos para determinar la responsabilidad de los militares y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.

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Uno de los sobrevivientes de los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue Alejandro Pérez Benítez, quien afirmó que los militares dispararon sin una razón aparente. Según su testimonio, él y los otros seis jóvenes habían salido del centro nocturno Mister Pig y tomado la carretera hacia Ciudad Anáhuac cuando los militares les dispararon. Pérez Benítez se agachó detrás del asiento del piloto para resguardarse y, al dejar de escuchar los disparos, levantó la cabeza para encontrar a sus acompañantes muertos.

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Las víctimas de este incidente fueron identificadas como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Ángel Suárez Castillo, este último ciudadano estadounidense. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una queja de oficio por lo ocurrido y la ONU también se pronunció al respecto.

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“El empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso, proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana. Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente”.

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