Jose Ferras
El “Human Rights Report 2022”, elaborado por el Departamento de Estado de EE.UU, alertó sobre los graves casos de corrupción en el gobierno de Alberto Fernández y por la embestida contra el Poder Judicial. El informe, que analiza la situación de los derechos humanos en el mundo, destaca que si bien el gobierno tomó algunas medidas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción, estas no fueron suficientes para lograr que los acusados fueran condenados.
El informe menciona que la ley prevé sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no aplicó la ley de manera efectiva. Además, hace alusión a un sistema judicial politizado que socavó los intentos sistemáticos de frenar la corrupción. El informe también señala que hasta septiembre de 2022 había varias investigaciones en curso contra figuras políticas de alto rango, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, y ex personalidades políticas. Sin embargo, no menciona la condena de 6 años de prisión que recibió la ex presidenta por la causa Vialidad, en diciembre del año pasado.
El documento del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y otros nueve imputados principales (de un total de 45) acusados de recibir o pagar sobornos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando Fernández de Kirchner era la Jefa de Estado, estima el valor total del esquema de soborno en USD160 millones. Los fiscales han pedido una condena de 12 años de prisión y una prohibición de por vida para servir en cargos públicos.
Además, el Departamento de Estado señaló la corrupción y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad, donde los abusos más frecuentes incluyen la extorsión, el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales también fueron frecuentes. También advirtió sobre las demoras prolongadas, los atascos procesales, las largas lagunas en el nombramiento de los jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia que obstaculizan el sistema judicial argentino.
En otro de los capítulos del reporte se hizo referencia a la libertad de expresión que hay la Argentina: “La Constitución establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios de comunicación, y el gobierno generalmente respetó este derecho”.
El gobierno de Joe Biden hizo referencia a la ley argentina que prevé un poder judicial independiente, pero que los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan su independencia e imparcialidad. Esto se ve reflejado en las investigaciones realizadas por ONG nacionales, que indican que algunos jueces de tribunales penales federales y provinciales son objeto de manipulación política. Además, los procedimientos para llevar adelante las investigaciones contribuyen a que la opinión pública piense que algunas decisiones judiciales son arbitrarias.
Entre las violaciones a los derechos humanos que el gobierno de Joe Biden señaló estaban los informes fidedignos de homicidios ilegítimos y arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; y condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales.
