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El representante del Ministerio Público ya acusó y mandó a juicio, con aval de la jueza Capuchetti, a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo
Actualidad21 de junio de 2023La Cámara Federal confirmó el miércoles la designación del fiscal Carlos Rívolo, a pesar de la recusación presentada por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Esta solicitud se relacionaba con la investigación del atentado sufrido por Kirchner el 1 de septiembre pasado, cuando llegaba a su residencia en el barrio de La Recoleta. La querella acusaba al fiscal de filtrar una presentación realizada por una secretaria del diputado del PRO Gerardo Milman, con el fin de ampliar su declaración testimonial. Sin embargo, el juez Leopoldo Bruglia afirmó que el representante del Ministerio Público no estaba en funciones en el momento de la filtración, sugiriendo que la información pudo haberse filtrado de otras formas. Por lo tanto, ratificó la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de mantener a Rívolo a cargo de la investigación. La parte central de la investigación del ataque contra CFK ya ha sido enviada a juicio oral. Aunque la querella se oponía a la elevación gradual del expediente, tanto la fiscalía como las defensas y la jueza consideraron que la investigación sobre Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los detenidos por el intento de asesinato de la vicepresidenta, estaba completa. En su dictamen, el Ministerio Público advirtió que "la actividad llevada a cabo por los mencionados para perpetrar el ataque no requirió, por sus características, de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios".
El Tribunal Oral Federal 6 ha sido seleccionado para llevar a cabo el juicio oral contra Sabag, Uliarte y Carrizo. Mientras tanto, Rívolo continuará profundizando en las líneas de investigación abiertas, como el rol de la custodia y el caso de Milman. De hecho, se ha programado una audiencia para mañana en la Cámara Federal para debatir si se debe aceptar la solicitud del fiscal Rívolo de secuestrar el teléfono de Milman, quien se autoimputó al presentar a un abogado defensor en el caso. La querella respalda la petición del fiscal de inspeccionar el teléfono celular del diputado, lo cual requeriría un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados para llevarse a cabo. Cabe destacar que la jueza rechazó la solicitud de secuestrar el celular de Gerardo Milman, ya que este no está imputado en el caso del ataque a Cristina Kirchner. Todo se enmarca en la llamada pista “Casablanca”, que nació a fines de septiembre del año pasado cuando José Abello, un asesor legislativo del Frente de Todos, se presentó en la causa para decir que Gerardo Milman sabía lo que iba a ocurrir. Según Abello, 48 horas antes del atentado escuchó que el diputado del PRO y ex funcionario macrista dijo: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. Estaba con dos mujeres en el bar Casablanca, frente al Congreso.
Capuchetti abrió un legajo reservado: ahí, a través de filmaciones, confirmó que el legislador estuvo en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso, con dos colaboradoras y las llamó a declarar. Las dos dijeron como testigos que Milman no había dicho eso. Cuando la querella pidió secuestrarles el celular y la jueza se negó, la querella activó las recusaciones contra la magistrada. Una de las secretarias Ivana Bohdziewicz apareció a fines de mayo en tribunales pidiendo ampliar su declaración: era para confirmar que había borrado su teléfono porque no quería que se filtraran sus fotos íntimas y que para ello se había asesorado. Pero reveló que todo sucedió en las oficinas de Patricia Bullrich, a donde fue junto a Carolina Gómez Mónaco y donde la esperaban Milman y un perito. Allí también dijo que Gómez Mónaco tenía un segundo celular y que se había sentido presionada por su ex amiga en los últimos días. Así lo declaró ante la fiscal Alejandra Mangano, que reemplazaba a Rívolo por esos días de licencia.
La declaración de Bodziewicz generó reacciones inmediatas. La presidenta Cristina Kirchner afirmó que había motivaciones políticas detrás del atentado, mientras que Patricia Bullirch negó cualquier vínculo con el ataque. "Ya no saben qué inventar frente al fracaso total y absoluto de su patético cogobierno. Conmigo, el kirchnerismo llega a su fin el 10 de diciembre", declaró. Mientras tanto, se impuso el secreto de sumario en el caso, dejando a todos sin conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, se filtró que la secretaria de Milman tenía intenciones de declarar, lo cual llevó a la querella a recusar al fiscal Rívolo, acusándolo de perder objetividad. Hasta ahora, las críticas y recusaciones se habían dirigido únicamente a la jueza, pero ahora también se cuestionaba al fiscal. Cabe mencionar que Rívolo se encontraba en el extranjero cuando todo esto sucedió. La jueza Capuchetti rechazó la recusación in límine. Este rechazo fue apelado ante la Cámara Federal. La querella argumentó que la resolución de Capuchetti desconocía el derecho vigente y carecía de fundamentos, sosteniendo que el pedido de remoción del fiscal no era solo una conjetura.
Sin embargo, el juez Bruglia, a cargo de la decisión, rechazó la apelación. "Aunque coincido con los abogados impugnantes en que una recusación puede ser genérica al invocar temor de parcialidad y no se requiere una certeza probatoria sobre su existencia potencial, estas deben ser operativas a nivel personal. Es decir, deben estar dirigidas contra una persona en concreto, quien, a través de su conducta, genere sospechas específicas en la parte afectada", afirmó el juez. "En este sentido, el hecho de que el magistrado en cuestión no haya participado en el trámite que originó la incidencia es un aspecto factual que no se puede pasar por alto al resolver la cuestión, ya que lo aleja de cualquier posible injerencia en los hechos examinados". Según expresó, "desde esta perspectiva y con el criterio restrictivo que se aplica en este tipo de casos, no se observan elementos objetivos suficientes que puedan cuestionar la actuación del fiscal, ni siquiera bajo el grado de convicción presentado por la parte. Por lo tanto, la decisión apelada será validada". Además, añadió: "Tampoco se puede descartar que la información haya sido obtenida de otras fuentes. Según lo que se ha recopilado en la investigación, se pueden apreciar ciertos aspectos que hacen plausible esta conjetura, como la mención sobre el tipo de declaración que la testigo pretendía ampliar, teniendo en cuenta que cuando se presentó el escrito en la Fiscalía, ya se había eliminado la palabra 'indagatoria' y se había reemplazado por 'testimonial'".
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