Este miércoles, Héctor Daniel Marchi, quien anteriormente se desempeñó como administrador de la Corte Suprema de Justicia, rindió testimonio en relación con la investigación sobre el manejo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN). Durante su declaración, Marchi señaló a los jueces del máximo tribunal, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, como los responsables de presuntas "irregularidades" en la administración de dicha entidad.

Bajo juramento, el contador también afirmó que diversos empleados de la Corte Suprema fueron amenazados con ser despedidos de sus cargos si colaboraban con el proceso de juicio político que se está llevando a cabo contra los miembros de ese tribunal en el Congreso de la Nación. Según fuentes judiciales familiarizadas con la declaración, el funcionario fue trasladado la semana pasada de la Corte Suprema a la Cámara de la Seguridad Social, y vinculó dicho traslado a los informes que había presentado sobre las irregularidades en la OSPJN. "Soy una víctima. Es raro que con 150 mil millones (de pesos) en reservas y 0 pesos de deuda y habiendo incorporado tecnología de punta a la Secretaría General de Administración, lo cual informé a los ministros unos días antes, se me haya trasladado sin haberme avisado nada", manifestó Marchi, aseguró TELAM.

Según fuentes, durante su testimonio en el juzgado federal 12, el exadministrador de la Corte, Marchi, destacó que su inmediata reubicación después de reportar irregularidades en la Obra Social es evidencia de una conexión entre ambos eventos. La causa en la que declaró investiga presuntas irregularidades en la gestión de la OSPJN bajo el mando de Mariano Althabe desde el 2021, aunque Marchi también mencionó supuestos malos manejos en la gestión previa, los cuales se investigan en otro expediente.

En referencia a la designación de Althabe como líder de la OSPJN, Marchi indicó que fue propuesto por el presidente del máximo tribunal, Rosatti, reemplazando a Aldo Tonón, quien había sido propuesto por el juez Maqueda y ocupó el cargo hasta el 2021.

Para respaldar su argumento sobre el control que Maqueda ejercía sobre la obra social de los judiciales, Marchi afirmó que en 2013 propuso a su secretaria, identificada como Marta Herrera, para formar parte del directorio y que posteriormente fue nombrada vicepresidenta de la entidad. Durante su testimonio, Marchi mencionó que la "acordada 19/2021" estableció que la Administración debía presentar informes mensuales al Tribunal sobre la obra social, pero su primer informe no fue bien recibido y Rosatti propuso modificarlo para que fuera semestral, lo cual se incluyó en la "acordada 1/2022". Según fuentes cercanas al caso, Marchi afirmó que sus informes fueron ocultados y finalmente fue sancionado, y que las pruebas demostraban que Maqueda y luego Rosatti y Maqueda tenían el control. Añadió que era absurdo pensar lo contrario, ya que si la administración hubiera tenido control, no se habría criticado a sí mismo.

Cuáles eran las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial

En su testimonio, Marchi detalló las presuntas irregularidades en la OSPJN, entre ellas la falta de contabilidad, presupuesto, manuales de procedimiento, expedientes y dictámenes. También mencionó que se encontraron diferencias en el inventario de medicamentos y que se adquirían medicamentos y prótesis de manera directa. Marchi fue convocado por el juez Lijo después de presentar un escrito ante la fiscalía a cargo de Ramiro González, ofreciéndose como testigo para "ofrecer pruebas" en relación a la investigación después de haber declarado ante el Congreso Nacional. La semana pasada, Marchi compareció ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como testigo y afirmó que había sido objeto de "seguimiento y amenazas". Según sus declaraciones, no solo él, sino también algunos funcionarios que lo ayudaron a realizar una auditoría sobre la obra social, habían sido objeto de acoso. Aunque esto va más allá de la cuestión específica de la obra social, Marchi afirmó que no le impediría decir la verdad, aunque la presión que siente es significativa.

Además, Marchi declaró que entregó el informe número 4 de auditoría sobre la obra social a Silvio Robles y no sabe si llegó a Horacio Rosatti. También recordó que en diciembre de 2022, Robles, un colaborador cercano del presidente de la Corte, envió un correo electrónico informando que se suprimía la casilla de correo de Rosatti y que todas las comunicaciones debían realizarse a la suya. Marchi afirmó que su traslado a otra dependencia judicial después de exponer cómo se gestiona la obra social está relacionado con estas acusaciones y que la informalidad se ha instaurado en la Corte Suprema.

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