Delta Center: la estafa que terminará con otra ola de allanamientos en Nordelta

Luego de la ola de denuncias que sacaron a la luz la gran estafa que realizó Walter Mosca junto a Pablo Pellegrino en Nordelta, la mira ahora está puesta en la cuestionada edificación y sus inmobiliarias. El complejo, que por ahora está en construcción, fue levantado sobre una tierra que fue robada a un poderoso empresario colombiano vinculado al narcotráfico de apellido Yepes Gaviria. En la operación, falsearon la firma de la mujer de Yepes Gaviria para inscribir la trasmisión de dominio y así, una persona ignota, sin ningún patrimonio y que comenzó pocos años atrás colocando cables en el Hotel Intercontinental, logró que su empresa se quede con la tierra. Esta empresa, se llama JHS Hospitality, pertenece a Pablo Gastón Pellegrino y no tiene prácticamente experiencia en el rubro.

Tal es así, que cuando uno analiza a los desarrolladores, futuros administradores e inversores, lo único que encuentra en común son el sinfín de causas penales. Estafas, extorsiones, robos con armas, lavado de dinero y más. Es por esto, que varias inmobiliarias en la zona dejaron de ofrecer el proyecto a la venta dentro de su cartera de propiedades ya que, de manera inteligente, no quisieron terminar salpicados en una causa por lavado de dinero. Aunque hay un puñado de vendedores de la zona que están siendo investigados como cómplices de Mosca y sus secuaces. Por eso, la justicia puso la lupa en la venta de Delta Center.

El histórico vínculo entre el lavado de dinero y las inmobiliarias

¿Por qué el GAFI puso la lupa en las inmobiliarias como participes del lavado de dinero?

En junio de 2021, el GAFI acordó que la Guía Basada en Riesgo del GAFI para el sector inmobiliario debe actualizarse con carácter prioritario para reflejar la evolución del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) en el sector y para asegurar que el sector permanezca bien posicionado para contrarrestar tal actividad. Esta guía del GAFI se desarrolló principalmente para delinear los principios y beneficios de adoptar un enfoque basado en el riesgo para abordar el LA/FT en la industria. Está diseñado para leerse junto con las Recomendaciones del GAFI y brinda a los profesionales de bienes raíces involucrados en transacciones inmobiliarias las herramientas y ejemplos necesarios para respaldar la implementación de los estándares del GAFI que permiten la implementación de un enfoque basado en el riesgo para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El éxito de un enfoque basado en el riesgo (RBA) depende de una comprensión, evaluación y gestión integrales de los riesgos de lavado de dinero y de la adopción de medidas apropiadas para mitigar estos riesgos de manera efectiva. Esta guía del GAFI se divide en tres secciones principales, incluida una descripción general del RBA del GAFI, incluidos los riesgos y desafíos generales a los que podrían estar expuestos los profesionales de bienes raíces y cómo se pueden mitigar y gestionar de manera efectiva.

Establece las principales categorías de riesgo a las que el sector podría estar expuesto y hace recomendaciones sobre los tipos de políticas de mitigación que deben diseñarse, implementarse y revisarse, lo que incluye garantizar la debida diligencia del cliente (CDD) y la identificación de medidas de beneficiarios reales. Esta Guía enfatiza la necesidad de capacitación y concientización que los profesionales de bienes raíces deben tener para implementar de manera efectiva los requisitos ALD/CFT. La sección final proporciona orientación para los organismos de supervisión y autorregulación y destaca la necesidad de poderes adecuados para permitir que dichos organismos desempeñen sus funciones de manera efectiva. Esto incluye poderes para monitorear la actividad e imponer las sanciones apropiadas cuando sea necesario. La guía proporciona recomendaciones adicionales para permitir una supervisión eficaz, incluida la asignación de recursos en función del grado de riesgo de LA/FT y la evaluación de la eficacia y la idoneidad de los controles implementados por los profesionales inmobiliarios.

Los bienes inmuebles son una opción popular para la inversión, pero también atraen a los delincuentes que utilizan los bienes inmuebles en sus actividades ilícitas o para lavar sus ganancias delictivas. Permite que las redes de delincuentes prosperen y crezcan utilizando las ganancias de sus actividades ilegales, lo que afecta a la sociedad y socava el estado de derecho. En algunos países, estas prácticas también contribuyen a hacer subir los precios de los bienes raíces, haciendo que la vivienda sea inaccesible para muchos, además de incentivar aún más la actividad delictiva. Las evaluaciones del GAFI muestran que el sector inmobiliario a menudo tiene una comprensión deficiente de estos riesgos y regularmente no los mitiga. La guía actualizada del enfoque basado en el riesgo para el sector inmobiliario destaca la importancia de que el sector aumente su comprensión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrenta. Las vulnerabilidades incluyen la explotación por parte de personas políticamente expuestas, la compra de bienes inmuebles de lujo, el uso de activos virtuales, el uso de empresas anónimas y guardianes como instrumentos para lavar el producto del delito.

El sector necesita tomar las medidas apropiadas para mitigar adecuadamente estos riesgos. Esto incluye medidas efectivas de debida diligencia del cliente, como el acceso a la información sobre los verdaderos beneficiarios reales de la transacción inmobiliaria. A través de capacitaciones, sesiones de divulgación y esfuerzos regulares de supervisión, las autoridades de supervisión deben aumentar su comprensión de los riesgos que enfrenta el sector inmobiliario y asegurarse de que se aborden adecuadamente. Las partes interesadas deben trabajar juntas para evitar que los delincuentes abusen del sector y el mercado inmobiliario, incluso a través de la cooperación y la acción transfronteriza.

El GAFI ha actualizado su guía para un enfoque basado en el riesgo para el sector inmobiliario con aportes del sector privado, incluso a través de una consulta pública en marzo-abril de 2022. Se invitó a las partes interesadas a proporcionar comentarios y aportes adicionales a este borrador del GAFI según sea necesario de acuerdo con su experiencia y conocimientos profesionales. El GAFI recibió comentarios de 13 representantes del sector privado, incluidas asociaciones profesionales específicas del sector, la profesión legal, proveedores de FinTech, así como el sector de Organizaciones sin fines de lucro. Los comentarios brindados respaldaron ampliamente el borrador y su contenido, sin que se plantearan problemas importantes con respecto al alcance de la guía, sus objetivos o el estilo de redacción.

La mayoría de los comentarios y aportes se centraron en:

1. La necesidad de una mayor claridad en la guía en cuanto a su aplicabilidad al sector inmobiliario, así como a las profesiones afines (abogados, notarios e instituciones financieras);
2. Solicitar al GAFI que asegure una mayor armonización de los requisitos ALD/CFT para que el sector pueda operar con mayor certeza a través de las fronteras;
3. Pide una implementación de facto y más efectiva del enfoque basado en el riesgo del GAFI;
4. Pide un mayor alcance de las recomendaciones del GAFI, a saber, la aplicación de R22 y R23 a actividades inmobiliarias más amplias, como el desarrollo inmobiliario, el arrendamiento y otras, que actualmente no están directamente contempladas por los Estándares del GAFI.

El Equipo de Proyecto del GAFI encargado de actualizar y redactar la Guía revisó el borrador del documento de acuerdo con los aportes recibidos durante la consulta pública. La gran mayoría de las contribuciones se incluyeron en la forma sugerida y siempre que estuvieran dentro del alcance de las obligaciones existentes.

Los principales casos de lavado de dinero con desarrollos inmobiliarios

Hilton Rosario

Las autoridades locales de Rosario se llenaron de optimismo ante el anuncio de una inversión millonaria para la construcción de un lujoso hotel de la cadena Hilton en el microcentro de la ciudad. El proyecto se compone de dos torres: una albergará un hotel de cinco estrellas de 10 pisos con 96 habitaciones, áreas comunes y lobby, mientras que la otra tendrá 21 pisos y alcanzará una altura de 61,50 metros. Esta segunda torre ofrecerá departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Ambos edificios estarán conectados por un paseo peatonal que contará con locales comerciales y gastronómicos, lo cual se espera que se convierta en un atractivo destacado para el centro de la ciudad.

Sin embargo, los inversores locales que financiarán y construirán las torres aparecen mencionados en investigaciones sobre lavado de dinero. El proyecto surge de una sociedad entre Argenway, dedicada al turismo e inversiones inmobiliarias y MSR Inversiones y Desarrollo. 

En rosario, la primera persona forma parte del Grupo Carey, una de las principales empresas de cambio de divisas en la ciudad. Esta empresa ha estado bajo investigación por parte de la justicia federal debido al caso Oldani, el asesinato del empresario santafesino que reveló la existencia de una red de actividades financieras ilegales que manejaba grandes sumas de dinero de la élite de la capital provincial.

Según fuentes cercanas a la investigación llevada a cabo por el fiscal Walter Rodríguez, dos individuos vinculados al Grupo Carey, Carlos Ciochetto y Carlos Bacigalupo, han sido imputados por el delito de intermediación financiera no autorizada en relación a la red de financiamiento ilegal atribuida a Hugo Oldani. Además, el asesinato de un barrabrava de Newells, en septiembre pasado en Rosario, destapó el vínculo entre el narcomenudeo y algunas casas de cambio ilegal donde las montañas de billetes chicos en pesos que dejan los bunkers de droga se transforman en dólares. El caso generó conmoción en el microcentro rosarino cuando se conocieron los apellidos de los financistas allanados y detenidos, algunos de mucho renombre. Tal como sucede en Delta Center, ya que uno “de los grupos de fiduciantes” está compuesto por un conjunto de históricos financistas de la city porteña con causas por lavado de dinero y causas en el penal económico. 

Al día de hoy, hay un tan solo un puñado de inmobiliarias ofreciendo el proyecto Delta Center a la venta entre los que se encuentran REMAX Premium, Harfouche Propiedades, Arias Propiedades y Grupo Inmobiliario Olhaus entre otros. Un sinfín de inmobiliarias a las que Primicia 24 consultó, aseguraron que dejaron de tener el proyecto a la venta "para no quedar implicados ni en el lavado de dinero ni en la estafa al dueño de la tierra".

"La verdad me trajeron el proyecto y como hubo poca actividad lo agarré, pero cuando ví todo lo que salió y encima, me enteré que el que estaba detrás de todo esto era Mosca di de baja las publicaciones de inmediato. Yo soy un pibe de laburo que vine de zona sur con dos mangos y salí de abajo. No quiero terminar como Corvo Dolcet", aseguró D.L en dialogó con Primicia 24 sobre la venta de Delta Center.

Seis inmobiliarias locales fueron intervenidas por lavado de dinero en el año 2016

Seis sociedades anónimas dedicadas al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Mar del Plata fueron intervenidas judicialmente en el marco de la causa que investiga lavado de dinero por narcoatráfico. Según consignan fuentes judiciales, las firmas están sospechadas de participar en una operatoria que incluía las ganancias obtenidas en el tráfico internacional de cocaína pero también el aporte de fondos lícitos por parte de terceros que desconocían el trasfondo de las maniobras.

La causa que investiga lavado de activos provenientes de lo investigado en “Carbón Blanco” es llevada adelante por la jueza Zunilda Niremperger –a cargo del juzgado federal de Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco– quien dispuso la intervención judicial de las empresas por considerar que eran utilizadas por el abogado Carlos Salvatore con el objetivo de darle licitud a las millonarias ganancias originadas en el tráfico de estupefacientes. Líder de la organización que contrabandeó más de una tonelada de cocaína a Europa escondida en contenedores de carbón vegetal, Salvatore fue condenado por narcotráfico en septiembre pasado a 21 años de prisión. Actualmente es investigado por su presunta participación en otros embarques de similares características. La organización criminal pretendía disfrutar de las ganancias ya lavadas, luego de que estos emprendimientos inmobiliarios concluyeran.

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