Extradición Jones Huala: se definirá el 3 de julio

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, se enfrentará a un juicio de extradición a Chile el próximo 3 de julio, según determinó la Justicia Federal. Las autoridades judiciales chilenas requieren su presencia para que cumpla el resto de una condena de seis años de prisión por incendio de una vivienda y portación ilegal de armas caseras. A Jones Huala le queda por cumplir un año y cuatro meses de dicha condena. Actualmente, se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria 14, ubicada en la misma localidad donde se llevará a cabo el juicio de extradición. El Juez Federal Subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, decidió que el proceso se realice en un escuadrón de Gendarmería, con acceso restringido y fuertes medidas de seguridad. La Gremial de Abogados, que representa al único miembro expresado de la RAM, cuestionó la elección de la sede por parte del juez, atribuyéndola al "miedo que tiene a la gente, al pueblo y a cualquier muestra de solidaridad expresada a través de movilizaciones populares". En 2018, durante la última extradición de Jones Huala, la audiencia de debate se llevó a cabo en un gimnasio municipal de Bariloche, al cual solo se permitió el acceso a un grupo limitado de personas y medios de prensa. En aquella ocasión, el líder mapuche también estaba detenido en Esquel y fue trasladado en helicóptero, con un importante despliegue de efectivos de la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad.

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Jones Huala fue arrestado el 30 de enero en una vivienda de El Bolsón, luego de permanecer en la clandestinidad durante casi un año. Mientras cumplía su condena por el mismo delito, la Justicia de Chile le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria. Sin embargo, la Corte Suprema de ese país revocó el permiso y ordenó su inmediata detención, aunque en ese momento se desconocía su paradero. Logró evadir los controles fronterizos y entró al país por un paso no autorizado o eludiendo los controles migratorios de Chile y Argentina. El fugitivo expresó su gratitud a diferentes comunidades mapuches del país que le brindaron refugio mientras estaba prófugo. La Policía de Río Negro lo encontró escondido en el quincho de una casa en El Bolsón, en estado de embriaguez y vestido con ropa femenina. Fuentes que participaron en la detención aseguraron que "el olor que tenía el Sr. Huala, confirmaba que no se bañaba desde hacía meses". Y agregó, que "habría intentado coimear a la policía con frascos de marihuana y alcohol". La Justicia Federal de Bariloche ordenó su traslado a la Unidad Federal 14 de Esquel, donde actualmente está detenido. Horas después de su captura, desde Chile confirmaron que requerían su traslado nuevamente a ese país para continuar cumpliendo la condena. El 3 de julio, el juez no examinará el caso penal ni tomará medidas de prueba, sino que se limitará a determinar si procede la extradición según la ley argentina. Como paso previo, se llevó a cabo una audiencia con el convicto, quien se opuso a ser enviado nuevamente al país que lo solicita, lo que dará lugar a un juicio que se realizará en el Escuadrón 36 de la Gendarmería Nacional. En el proceso de 2018, los abogados apelaron la extradición ordenada por la Justicia y fue la Corte Suprema la que confirmó la medida. La sentencia se volvió definitiva a través de la resolución de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. "Nos encontramos ante un proceso similar. La defensa apelará el fallo ante la Corte Suprema y hasta que el tribunal supremo se pronuncie, Jones Huala seguirá detenido en Esquel", afirmaron fuentes con acceso al caso.

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Si la extradición se mantiene firme, el caso volverá a ser competencia de la Cancillería. En materia internacional, la relación se establece entre los estados. El Ministerio de Relaciones Exteriores puede rechazar recibir al acusado. Esto ocurre si, por ejemplo, durante el juicio de extradición se le otorga el estatus de refugiado político. Tanto Jones Huala como su defensa revelaron su estrategia al argumentar que es perseguido político en el país que lo reclama. La ley de cooperación internacional en materia penal establece los casos que no se consideran delitos políticos: los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de un jefe de Estado o de gobierno, o de un miembro de su familia; los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de personal diplomático o de otras personas internacionalmente protegidas; los atentados contra la vida, la integridad corporal o la libertad de la población o del personal civil inocente no involucrado en la violencia generada por un conflicto armado; los delitos que atenten contra la seguridad de la aviación o la navegación civil o comercial; los actos de terrorismo; y los delitos respecto de los cuales la República Argentina haya asumido una obligación convencional internacional de extraditar o enjuiciar. La ley establece que el juicio de extradición puede demorar.