Lisandro Machado
La dictadura de Nicaragua suspendió los títulos y el ejercicio de la abogacía al escritor Sergio Ramírez y otras 24 personas que en febrero habían sido declarados “traidores a la patria” y despojados de su nacionalidad. En total de 15 abogados forma parte de un grupo de 222 opositores que el régimen sandinista de Daniel Ortega decidió excarcelar y enviar a Washington el 9 de febrero -mientras los restantes 10, entre ellos el escritor Ramírez- forman parte de 94 personas sancionadas pocos días después, detalló una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La resolución publicada en el sitio web de la CSJ establece la suspensión definitiva de la práctica profesional como abogados y notarios públicos para las personas mencionadas. Bajo el control dictatorial de la CSJ, se enfatizó que según la legislación vigente, estas personas no pueden usar sus títulos ni ejercer su profesión debido a la pérdida de su nacionalidad nicaragüense. El 9 de febrero, el régimen de Ortega liberó y expulsó a 222 opositores presos hacia Estados Unidos, y la justicia les revocó su nacionalidad y derechos políticos, los calificó como "traidores a la patria" e inhabilitó su capacidad para ocupar cargos públicos. Pocos días después, la justicia también consideró a 94 opositores, incluyendo al escritor Ramírez, como "traidores a la patria", les despojó de su nacionalidad e inhabilitó permanentemente para ocupar cargos públicos, al tiempo que anunciaba la confiscación de sus propiedades. Todos los sancionados fueron acusados de cometer actos que socavaron la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo, así como incitar a la violencia y el terrorismo durante las protestas de 2018 contra la dictadura, las cuales desencadenaron una crisis política y social.
Este jueves, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su condena ante el aumento de la "represión" por parte del régimen de Daniel Ortega hacia los medios de comunicación, lo cual ha llevado a la detención de tres periodistas desde el pasado mes de abril en Nicaragua. La organización, con sede en Miami (EE.UU.), emitió un comunicado instando a la comunidad internacional a denunciar la persecución del régimen contra las "libertades de expresión y de prensa". Según informó la SIP, el 5 de mayo fue detenida Hazel Zamora, directora de noticias y corresponsal de Canal 10 en Bluefields, ubicado en la región caribeña del país. La periodista fue arrestada mientras viajaba en un autobús con sus hijos menores de edad. Además, la policía allanó su vivienda en cumplimiento de una orden de detención emitida el 3 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, bajo los cargos de supuesta conspiración contra el Estado y la sociedad, así como propagación de noticias falsas, delitos considerados como "traición a la patria". Según se detalla en el comunicado, Zamora ha sido liberada bajo fianza, pero está obligada a presentarse diariamente y firmar en un juzgado. Michael Greenspon, presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, condenó lo que calificó como una "arremetida de ataques a las libertades de expresión y de prensa" en Nicaragua. Según Greenspon, estos ataques parecen ser una estrategia para obligar a los críticos del régimen a abandonar el país y silenciar a la oposición.
En Nicaragua, la situación de represión y persecución contra periodistas y opositores continúa en aumento. A los casos previos de William Aragón, ex corresponsal de La Prensa, y Víctor Tikay, reportero de Canal 10, se suma ahora el caso de Zamora. Zamora, también periodista, fue detenido recientemente y se le impuso arresto domiciliario, a pesar de residir a más de 148 kilómetros de la capital. Tikay, por su parte, permanece encarcelado desde el 6 de abril tras filmar una procesión religiosa en Nandaime. La Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, encabezada por Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que denuncie la persecución sistemática del régimen de los Ortega-Murillo en Nicaragua. Además, se solicita una respuesta urgente ante las acciones contra periodistas y líderes opositores en el país.
La represión de la semana pasada no se limitó a los periodistas, también se llevaron a cabo detenciones de activistas, campesinos y opositores en distintas partes de Nicaragua. En febrero pasado, el régimen de Daniel Ortega expulsó a 222 presos políticos, revocándoles su nacionalidad, así como a otras 94 personas, incluyendo 10 periodistas, que se encontraban en el país. Desde 2018, más de 185 comunicadores han sido obligados a exiliarse, incluyendo 21 entre octubre de 2022 y abril pasado, según el informe presentado por la SIP en su reunión semestral en abril. La situación en Nicaragua sigue siendo alarmante y requiere la atención y acción internacional.
