Jose Ferras
El Estado argentino está dispuesto a pagar una suma adicional de USD 4.920 millones por la expropiación de YPF durante el tercer gobierno kirchnerista en 2012, según lo planteado ante la Justicia de Estados Unidos. Esta indemnización corresponde a la empresa Burford, cotizada en la bolsa de Londres y especializada en adquirir juicios, que obtuvo los derechos para litigar en el caso de la petrolera.
El estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT presentó esta solicitud en nombre del Estado argentino como parte de las audiencias convocadas por el Tribunal del 2do Distrito Sur de Nueva York. La jueza Loretta Preska analizará los escritos de ambas partes para determinar el monto final que Argentina deberá pagar por la expropiación de YPF, realizada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. El monto se calculará en función de la fecha en que el Estado obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación y la tasa de interés por la demora en la actualización de la indemnización. Se estima que la cantidad oscilará entre los USD 4.920 millones propuestos por el Estado y los USD 16.000 millones que exigen los demandantes.
Burford y Eton Park sostienen que la fecha relevante para calcular los daños económicos es el 16 de abril de 2012, cuando Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación, mientras que el Estado argentino argumenta que el cálculo debe basarse en el 7 de mayo de 2012, fecha en que entró en vigor la ley de expropiación.
En marzo de este año, la jueza Preska falló contra la República Argentina y eximió de responsabilidades a la empresa petrolera, pero aún no se ha determinado el monto de compensación a pagar.
Desde que comenzó la demanda, Argentina ha recibido un total de 6 fallos en contra entre 2016 y 2023, incluso habiendo recurrido a la Corte Suprema de Justicia de EE. UU. en 2019, que apoyó la decisión de la jueza Preska.
Las audiencias continuarán hasta el viernes, pero aún no hay una fecha fija para conocer el fallo definitivo, según informaron fuentes de la Agencia Télam.
El escrito presentado consta de 143 páginas con citas, testimonios y gráficos elaborados por el estudio Sullivan & Cromwell, que representa a Argentina en los tribunales de EE. UU., en colaboración con el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini.
En sus conclusiones, el Estado argentino solicita que el tribunal no otorgue intereses previos al fallo y evite aumentar aún más las ganancias inesperadas de los demandantes. Se argumenta que los demandantes recibirán una ganancia inesperada en cualquier escenario, y que esta demanda solo exacerbó los desafíos económicos actuales de Argentina. Los representantes de Argentina enfatizan que los daños deben calcularse en función del precio de la oferta pública del 7 de mayo de 2012, sin intereses previos al fallo. Según el cálculo corregido con datos de ganancias disponibles del cuarto trimestre de 2009, los daños para el 16 de abril de 2012 serían casi 3 mil millones de dólares menos.
El accionar de Burford Capital ha sido comparado con el de un "fondo buitre", ya que adquirió el derecho a litigar contra YPF y el Estado argentino de dos ex accionistas privados de la petrolera: Eton y dos empresas quebradas pertenecientes al Grupo Petersen de Argentina, quienes argumentaron que YPF debería haber hecho una oferta pública a los accionistas minoritarios y no solo "arreglar" con el socio mayoritario (la española Repsol) durante la expropiación.
Burford espera recibir aproximadamente USD 7.500 millones en compensación, según lo estimado en un comunicado en abril.
