Redacción Primicia 24
En una nueva muestra de coherencia entre discurso y acción, el presidente Javier Milei decidió vetar dos proyectos de ley aprobados por el Congreso que proponían aumentos automáticos para jubilaciones y asignaciones por discapacidad. La medida, que generó críticas esperables de la oposición y de sectores vinculados al gasto público, fue tomada en defensa del equilibrio fiscal, uno de los pilares del programa económico libertario que el mandatario impulsa desde el primer día de su gestión. La primera ley vetada preveía un incremento del 7,2 % sobre las jubilaciones, por encima de la fórmula de movilidad vigente, mientras que la segunda establecía beneficios adicionales para personas con discapacidad, incluyendo subsidios automáticos sin considerar capacidad contributiva. Según el análisis del Ministerio de Economía, ambas normativas implicaban un impacto fiscal superior a los 4.000 millones de dólares anuales, algo incompatible con el compromiso de déficit cero que sostiene el gobierno.
Desde el Ejecutivo, la justificación fue contundente: “No podemos permitir que el Congreso siga legislando de espaldas a la realidad fiscal del país. Estas iniciativas, aunque bien intencionadas, son irresponsables y atentan contra la estabilidad lograda con tanto esfuerzo”, afirmaron fuentes oficiales. En Casa Rosada no dudan en calificar estos proyectos como “bombas de tiempo fiscal”, similares a las que en el pasado hundieron a la Argentina en espirales inflacionarias y déficits crónicos. El veto presidencial, lejos de ser un acto insensible, refleja la necesidad de poner límites a una lógica populista que durante décadas distribuyó recursos sin respaldo. Milei, en cambio, eligió marcar la cancha: no se puede seguir gastando lo que no se tiene. Y lo más importante, no se puede mentirle a la gente prometiendo bienestar a costa del futuro. Con esta decisión, el Presidente vuelve a colocar la racionalidad económica por encima del oportunismo político. No es casualidad que este tipo de medidas se discutan en un año electoral, con sectores del Congreso buscando capitalizar el descontento social mediante promesas infladas de asistencia. Pero Milei no cayó en la trampa: prefiere perder popularidad antes que hipotecar la reconstrucción del país.
Lejos de quedarse en la negativa, el Gobierno anunció que trabaja en una reforma integral del sistema previsional y de asistencia, con foco en eficiencia, control del gasto y atención directa a los casos más vulnerables. “El verdadero acto de justicia social es garantizar que el sistema sea sustentable y que quienes más lo necesitan reciban ayuda efectiva, no parches clientelares”, sostienen desde el entorno presidencial. Mientras tanto, sectores sindicales y organizaciones sociales preparan protestas en repudio al veto. Pero el Ejecutivo ya dejó claro que no modificará el rumbo por presión callejera. “No gobernamos para los gritos, gobernamos para la historia”, dijo el propio Milei días atrás. El impacto político del veto será medido por los mercados y por los ciudadanos que valoran un gobierno que dice lo que hace y hace lo que dice. En un país donde el voto muchas veces premió la demagogia, Milei apuesta a algo distinto: gobernar con principios y soportar el costo que eso implique.
El equilibrio fiscal no es una obsesión tecnocrática, es la base para que la inflación baje, el crédito vuelva, la inversión se reactive y, finalmente, el crecimiento llegue de manera genuina. Vetar estos aumentos puede parecer antipático, pero es profundamente responsable.
Milei eligió no ceder. Y eso, en la Argentina del cortoplacismo crónico, es una noticia en sí misma.
