“AFIP. Con inconsistencias. El monto en moneda original consignado en la solicitud no debe superar el monto en moneda original que surge del despacho asociado”. Este cartel comenzó a aparecerle a empresas de varios sectores en los últimos días, al ingresar a sus respectivos bancos y cargar el pago que debían realizar de acuerdo al plazo otorgado por el permiso de importación (SIRA). En definitiva, por alguna inconsistencia que el organismo detecta y que la empresa debe encargarse de averiguar, el pago al exterior de esa compra no puede concretarse. Y el proveedor, que en muchos casos debió esperar 180 días para cobrar, debe seguir esperando.

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Esta situación se suma a las dificultades que las empresas ya vienen atravesando desde hace más de un año, cada vez con más frecuencia y complejidad, en materia de importaciones. Los permisos siguen otorgándose a un ritmo que no conforma a los empresarios y los plazos de pago se han extendido en el último tiempo. Faltan dólares, el acuerdo con el FMI no sería -según lo que trascendió- el que hubiera deseado el Gobierno respecto de fondos frescos y la variable de ajuste son las importaciones. De hecho, fuentes de una importante alimenticia dejaron trascender que están recibiendo SIRAs a 365 días para insumos. Y otras tantas nucleadas en la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) plantearon en reuniones recientes que estaban recibiendo permisos a 180 días, es decir, a pagar con el nuevo Gobierno.

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Respecto de la imposibilidad de pagar operaciones cuyos plazos están vencidos, desde la UIA afirmaron que son varias las empresas que se encontraron con este impedimento y no sólo se lo transmitieron al ministro de Economía, Sergio Massa, sino que ayer se reunieron con el titular de la Aduana, Guillermo Michel, mano derecha del precandidato a presidente por Unión por la Patria. “Fue una buena reunión. Armamos una mesa de trabajo para resolver los temas puntuales. Nos dijeron que lo de las inconsistencias es más una cuestión de sistemas, por lo que vamos a trabajar con AFIP y Aduana para resolverlo”, dijeron desde la entidad industrial.

Mientras tanto, varias empresas tienen los pagos demorados y algunas hasta han recibido advertencias de sus proveedores de que, si no cobran, les frenan directamente los embarques. “Desde el 26 de junio comenzamos a detectar operaciones que son rechazadas por AFIP pese a estar cumpliendo con toda la normativa vigente y haberse agotado el plazo asignado por dicho organismo para el giro de divisas. El banco autoriza el giro, la empresa cierra cambio y cuando el banco solicita la validación de AFIP para liquidar la operación arroja el cartel de ‘rechazo por inconsistencias’”, afirmó una fuente de una importante empresa manufacturera. Y explicó: “Lo manifestado es incorrecto, ya que el monto original nunca supera el importe del despacho”.

Los permisos para importar siguen otorgándose a un ritmo que no conforma a los empresarios y los plazos de pago se han extendido en el último tiempo

Cuando la mercadería es nacionalizada, la AFIP ingresa el importe correspondiente, de forma tal de que luego la empresa pueda girar ese valor una vez que se cumpla el plazo otorgado por la SIRA. Un experto en comercio exterior explicó que en ese momento la empresa debe anotar si incluye o no el flete en el monto a pagar, por lo que cuando tiene que hacer el pago no suele haber diferencias con lo previamente registrado.

“Hubo algunas situaciones en Adimra que tratamos caso por caso, pero eran inconsistencias mínimas que no ameritaban el freno de la operatoria. Por eso, nosotros le echamos más la culpa a la falta de dólares”, plantearon desde la cámara que agrupa a los industriales metalúrgicos. También hubo casos de firmas miembros de Copal y de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (Ciqyp).

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Una de las sospechas que tienen en el sector empresario respecto de estos impedimentos apunta a la cuestión de los fletes, que estuvieron tiempo atrás en el ojo de la tormenta y fueron incluidos dentro de los rubros que requieren de una SIRASE (el permiso para hacer el pago de un servicio). Según trascendió, serían rechazadas las operaciones cuyo costo de flete supera el 15% del valor total de la mercadería, lo que, en algunos casos, está totalmente justitificado, especialmente en los que tienen transporte terrestre y tiene un impacto grande sobre el valor del producto importado. De todos modos, tampoco está claro que sea ése el motivo, ya que el cartel sólo hace referencia a diferencias en los valores declarados cuando se nacionaliza la mercadería y cuando se paga.