El expresidente colombiano se presentó ante un juzgado de Rionegro para oficializar su detención. Condenado a 12 años por delitos cuestionados, asegura que la justicia responde a un plan de silenciamiento ideológico
Colombia06 de agosto de 2025
Jose Ferras
Con un tono sereno pero desafiante, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez formalizó este miércoles su detención domiciliaria en un juzgado de Rionegro, Antioquia, luego de que la justicia ratificara su condena a 12 años por los delitos de fraude procesal y soborno. La resolución, emitida por el Tribunal Superior de Bogotá y rechazada por amplios sectores del país, desató una nueva ola de tensión política en Colombia y encendió alarmas sobre la deriva ideológica del sistema judicial.
Uribe, de 73 años, publicó un video desde su residencia en Rionegro —un entorno campestre a las afueras de Medellín— donde mostró el documento de su detención y anunció que continuará resistiendo desde el encierro. “Comparecí al juzgado para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes”, dijo el líder histórico del partido Centro Democrático. Y fue contundente en su mensaje: “Formalizado ya como preso, continuaré la lucha contra la naciente mordaza neo-comunista”.
La causa por la que fue condenado gira en torno a supuestos intentos de manipular testigos que habrían acusado a Uribe de vínculos con el paramilitarismo durante su carrera política. Sin embargo, el juicio ha estado rodeado de irregularidades, filtraciones y una presión mediática que deja dudas sobre la imparcialidad del proceso. Sus defensores señalan que se trató de una operación judicial orquestada desde sectores vinculados al actual gobierno de Gustavo Petro, con el objetivo de aniquilar la figura más influyente de la derecha colombiana. La figura de Uribe —el presidente más influyente de las últimas décadas en Colombia— representa un modelo de liderazgo, seguridad democrática y resistencia al avance del castro-chavismo. Su detención, lejos de tratarse de un hecho meramente judicial, tiene una connotación simbólica profunda: la victoria de una izquierda que no pudo ganarle en las urnas, pero que lo acorrala con recursos de dudosa legitimidad.
Desde el propio Centro Democrático, legisladores y dirigentes de todas las regiones manifestaron su respaldo al líder y denunciaron una ofensiva política disfrazada de justicia. El senador Miguel Uribe Turbay calificó el proceso como “una farsa con toga”, mientras que la exviceministra Paloma Valencia habló de “una persecución sistemática contra la derecha”. El contexto regional no ayuda. En América Latina se ha vuelto costumbre que los sectores populistas recurran al lawfare para silenciar o proscribir opositores. Lo vimos con Bolsonaro, lo intentaron con Macri, y ahora lo ejecutan con Uribe. Lo preocupante es que detrás de esta estrategia no solo hay cálculo político, sino una vocación de control total sobre el sistema institucional.
La condena, además, llega en un momento crítico para Colombia. El presidente Petro enfrenta una crisis de gobernabilidad creciente, con escándalos de corrupción, caída en la imagen pública y una gestión económica errática. La izquierda, sin resultados, necesita enemigos. Uribe, con su liderazgo intacto y capacidad de movilización, se vuelve funcional como blanco principal de esa narrativa. Pero lejos de replegarse, el expresidente ya dejó en claro que seguirá siendo un actor central en la vida pública. “Mi conciencia está limpia. La verdad se abrirá paso más temprano que tarde”, sostuvo en el video. Y en ese tono apeló a la historia: “Lo que está en juego no es mi libertad, es el futuro de Colombia”.
La causa judicial aún no está cerrada. La defensa de Uribe, encabezada por un equipo de juristas de alto perfil, evalúa apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el mensaje político ya está instalado: en la Colombia de Petro, disentir puede salir caro. Mientras tanto, miles de simpatizantes del expresidente comienzan a organizar manifestaciones pacíficas en Medellín, Bogotá y Cali. El hashtag #UribeLibre fue tendencia en redes sociales durante más de 10 horas tras difundirse el video. Y en varias calles de Antioquia, comenzaron a verse pancartas con una frase que resume el sentimiento de una parte importante de los colombianos: “Preso un patriota, libre un guerrillero”.
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