Cómo operan los peligrosos sicarios colombianos en Argentina

"Hace no menos de una semana detuve a una banda de once colombianos que vinieron desde allá a asesinar a un personaje aquí en Buenos Aires", contaba Sergio Berni en Argenzuela en septiembre del año pasado. Todas las personas detenidas eran ciudadanos colombianos. Los investigadores identificaron a la principal víctima como J.J.B.V., mientras que las otras personas eran su custodio, su esposa, su suegra y su hija menor de edad. Cuatro de los secuestrados permanecieron cautivos durante ocho días, mientras que a la última se le obligó a viajar al extranjero en busca de dinero, ya que los delincuentes exigían un rescate de 10 millones de dólares. Según Berni, los secuestradores colombianos planeaban asesinar a una de las víctimas.

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Según la resolución de González Charvay, se ha identificado a los siguientes individuos como detenidos por el delito de "secuestro extorsivo agravado": Fernando Daniel Canda, Juan José de Dios Romero, Alejandro Steven González Ortíz, Ronald Edgardo Ávila Ortega, Néstor Alonso Hoyos Orejuela, Ancizar Faurecio Echeverría Porras, Maira Alejandra Gutiérrez Moreno, Ricardo Tito Viera Benítez, Carlos Andrés Valencia, Alejandro Zapata Valencia y Fernando Magallanes.

El fallo señala que Canda y Romero son ciudadanos argentinos y ex integrantes de la fuerza policial bonaerense, mientras que Magallanes es argentino y trabajaba como chofer para una aplicación. Por otro lado, los otros ocho imputados son ciudadanos colombianos.

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El 30 de julio pasado, en el estacionamiento del centro comercial "Torres del Sol" en Colectora 12 de Octubre, kilómetro 50 de la Autopista Panamericana, cerca de Pilar, tuvo lugar el primer incidente atribuido a esta banda. En ese momento, J.J.B.V y su guardaespaldas se encontraban en un automóvil cuando fueron interceptados por cuatro delincuentes que se hacían pasar por policías. Estos criminales tenían la intención de secuestrarlos, pero las víctimas lograron pedir ayuda y refugiarse en un local de comida cercano. Ante esta respuesta, los secuestradores desistieron y huyeron. Las víctimas denunciaron el incidente en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 3 de Pilar, del Departamento Judicial San Isidro.

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Trece días después, el 12 de agosto, los investigadores descubrieron que la misma banda sorprendió a la familia del colombiano frente a su casa, ubicada en el Country Golf Club Argentino, en José C. Paz, en el noroeste del Gran Buenos Aires. En este caso, los delincuentes redujeron a la esposa, suegra e hija del colombiano, manteniéndolas cautivas en su propio hogar. Les quitaron sus teléfonos celulares y esperaron la llegada de J.J.B.V, quien más tarde llegó acompañado de su guardaespaldas. Al llegar, el dueño de la casa fue atado, vendado y golpeado, mientras los secuestradores exigían un rescate de 10 millones de dólares para liberar a todos. Durante el incidente, los secuestradores también se apoderaron de 20 mil dólares en efectivo, computadoras, relojes, joyas y otros objetos de valor, según reveló la investigación.

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Dos días después, el 14 de agosto, el guardaespaldas de J.J.B.V fue liberado y obligado a viajar a Colombia para conseguir más dinero y pagar el rescate. Sin embargo, una vez allí, el guardaespaldas alertó a otros familiares de las víctimas sobre lo ocurrido. Según el testimonio del guardaespaldas, los captores afirmaron pertenecer al Cartel de Otoniel, en referencia a Dairo Antonio Úsuga, uno de los hombres más buscados en Colombia hasta su captura en octubre de 2021 y su posterior extradición a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico como presunto líder del Clan del Golfo. Los secuestradores también se comunicaron con otros familiares de las víctimas para exigir el rescate. En respuesta, la justicia colombiana intervino y notificó al juez federal de Campana.

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Con tareas investigativas, se determinó que las personas cautivas habían sido trasladadas a distintas viviendas y el 20 se localizó a la esposa, la suegra y la hija de J.J.B.V en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a Colombia. Es que, según los investigadores, los secuestradores los habían liberado para que pudieran viajar a Colombia para conseguir la escritura de un departamento que poseían en Cali. Finalmente, los pesquisas determinaron que J.J.B.V había sido llevado a una casa en la localidad de Fátima, en Pilar, donde por la noche del mismo día fue rescatado ileso y el resto de sus captores quedaron detenidos.

Cuánto cobra un sicario en Argentina

Semanas atrás, en el programa GPS en la pantalla de A24, Rolando Graña dio a conocer un informe donde relata y muestra el accionar de los sicarios involucrados en el narcotráfico. "Tengo 20 años y desde los 16 gatillo", sostuvo el joven entrevistado por Nahuel Suárez. Nahuel Suárez del programa GPS que conduce Rolando Graña estuvo en el barrio “La Tablada”, uno de los más temidos de la ciudad. Allí dominan los clanes Funes y Alvarado. Las bandas tienen cada vez más plata, poder y organización. Tienen sicarios especializados y “tira tiros”. “La plata me convence. En un día puedo hacer 100 lucas. Por un hecho me pagan entre 20 y 25 mil pesos", afirmó el sicario rosarino.

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“Me gusta la plata”, confesó en la entrevista con un barbijo y una gorra que oculta su rostro. “No fui a la escuela. Empecé a trabajar de esto por la plata", asegura. "Una muerta la cobro $50.000", afirmo el joven y dijo "me gusta la maldad y tirar tiros". 

La falta de recursos, educación y el deterioro social, lograron que actualmente, por 100 dólares se pueda asesinar a una persona en Argentina. 

Revertir esto, no será una tarea sencilla del Estado. Revertir la marginalidad y la pobreza en un país es un proceso complejo que requiere una combinación de políticas y acciones a diferentes niveles. Los últimos informes del Banco Mundial sobre desarrollo y políticas sociales ponen énfasis en los siguientes lineamientos.

1. Educación de calidad: La educación es fundamental para romper el ciclo de pobreza y marginalidad. Se deben implementar políticas que garanticen el acceso universal a una educación de calidad, incluyendo programas de apoyo para aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Esto permitirá a las personas adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para acceder a empleos decentes y mejorar sus condiciones de vida.
2. Generación de empleo: Es esencial fomentar la creación de empleo y el emprendimiento. Esto se puede lograr mediante políticas que promuevan la inversión, faciliten la creación de nuevas empresas y brinden apoyo a los emprendedores. Además, es importante garantizar la protección laboral y el acceso a trabajos dignos con salarios justos.
3. Desarrollo de infraestructura: La inversión en infraestructura, como carreteras, transporte, energía y comunicaciones, es crucial para impulsar el desarrollo económico y reducir la marginalidad. Esto facilita el acceso a servicios básicos, conecta a las comunidades y promueve el desarrollo de nuevas actividades económicas.
4. Acceso a servicios básicos: Es fundamental garantizar el acceso equitativo a servicios básicos como atención médica, agua potable, saneamiento, vivienda, electricidad y servicios de telecomunicaciones. Esto ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza y a reducir las desigualdades.
5. Protección social: Implementar sistemas de protección social efectivos, como programas de transferencias condicionadas de ingresos o pensiones para grupos vulnerables, puede ayudar a mitigar la pobreza y brindar un apoyo básico a quienes más lo necesitan.
6. Promover la igualdad de género: Es importante abordar las desigualdades de género, ya que las mujeres y las niñas a menudo enfrentan una mayor marginalidad y pobreza. Promover la igualdad de oportunidades, eliminar la discriminación y garantizar el acceso a la educación y a empleos dignos para las mujeres, contribuirá a reducir la pobreza en general.
7. Participación ciudadana y fortalecimiento institucional: Fomentar la participación activa de la sociedad civil y fortalecer las instituciones democráticas y transparentes son elementos clave para revertir la marginalidad y la pobreza. Esto implica promover la rendición de cuentas, la transparencia en la gestión pública y la lucha contra la corrupción.