El gobierno de la provincia de Jujuy ha decidido presentarse como parte acusadora en múltiples casos que investigan todos los actos de violencia ocurridos el pasado 20 de junio, y solicitar sentencias de hasta 25 años de prisión para casi 100 acusados. El gobernador provincial y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, afirmó: "Hubo delitos muy graves en el ataque a la legislatura". Durante esa jornada, se cometieron delitos como estrago doloso agravado, sedición, tentativa de homicidio, y atentado y resistencia a la autoridad, entre otros. Los daños a los bienes públicos se estiman en mil millones de pesos. Las penas en estos casos pueden variar de 5 a 25 años de cárcel o reclusión. Así lo comunicaron el fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, y el procurador general, Sebastián Albesa.

En este contexto, Morales denunció una fuerte intervención y participación del gobierno nacional en los disturbios, lo que generó un clima de mayor violencia. Informó que las autoridades locales lograron restablecer el orden en casi todo el territorio, aunque persiste una protesta en La Quiaca, donde recientemente un grupo de encapuchados intentó incendiar el edificio municipal. “El corte en La Quiaca está promovido por el intendente, igual que en Abra Pampa. La gente se va alejando, quiere trabajar. Los intendentes del Frente de Todos son los que promueven el corte. Los que quedan son la militancia bancada por el Gobierno. El corte está promovido por el intendente del Frente de Todos”, denunció Morales.

Las acusaciones del gobernador jujeño a Alberto Fernández

El compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta denunció que detrás de la violencia se encuentra el presidente de la Nación, quien busca a toda costa la impunidad para la militante Milagro Sala.

“Alberto (Fernández) ha impugnado la reforma de la Constitución porque prohíbe el indulto para casos de corrupción. Cada vez que me senté con él me ha pedido su indulto. Además, busca la intervención de la provincia para que un interventor, con la reforma caída, indulte a Milagro Sala. Esta es la razón por la que Alberto y el Gobierno Nacional intervienen. Lo mismo que querían hacer con Cristina si hubieran podido”, concluyó.

Se han imputado a más de 100 personas, de las cuales cinco han sido sentenciadas con multas de hasta 2.500.000 pesos. El gobernador declaró que tendrán que asumir las consecuencias. Recientemente, Rivas condenó enérgicamente los actos de violencia, los cuales consideró como una conspiración orquestada por grupos sociales y políticos con el único propósito de perturbar el orden social. Explicó que estas personas utilizaron métodos extorsivos y sediciosos para atacar a instituciones y autoridades públicas. Asimismo, solicitó la detención inmediata de los violentos, extorsionadores y delincuentes, asegurando que serán severamente castigados de acuerdo con la ley.

Ayer, el ministro de Seguridad de Jujuy, informó que desde su cartera junto a la Policía de la Provincia, “se están aportando todas las pruebas necesarias para la investigación de las causas que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación”. Finalmente, el procurador Albesa recordó que “es nuestro deber constitucional requerir la protección de los intereses de la provincia, y sobre todo el orden constitucional y democrático”, sosteniendo que “todos estos hechos que pasaron no se corresponden con una protesta pacífica, la cual el Estado garantiza”, enfatizó.

“Cortar rutas no es una modalidad de protesta, es un delito que se encuentra penado por el Código Penal, y pone en riesgo, no solo la salud de las personas, sino que perjudica el trabajo de la gente”, concluyó.

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