Lisandro Machado
Mauricio Macri mostró su postura frente a la Iglesia y la interrupción del embarazo durante el Congreso Eucarístico Nacional en Tucumán: "Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte". Esta posición tuvo su antecedente en noviembre del año pasado, cuando el asesor Jaime Durán Barba sostuvo que "si una señora quiere abortar, que aborte".
Macri reaccionó inmediatamente aclarando que "sus declaraciones son a título personal y no representan mi pensamiento en el espacio que lidero". El Presidente volvió a aprovechar la ocasión para dejar su postura en claro y expresó su "profundo respeto y admiración por el Papa Francisco y en lo personal estoy a favor de la vida". Además, aprovechó el lema "Jesús, señor de la historia, te necesitamos" para insistir en la unión y la reconciliación de los argentinos. Durante su paso por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri reglamentó el protocolo habilitante para los abortos no punibles.
Esta posición se ve reflejada en su encuentro con el cardenal Giovanni Battista Re, quien afirmó que se necesita "una verdadera reconciliación entre los argentinos en la justicia, en la fraternidad, en el amor y en la paz". La vicepresidenta Gabriela Michetti y el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, también estuvieron presentes.
En 2016 se internaron en hospitales públicos 39.025 niñas, adolescentes y mujeres por situaciones relacionadas al aborto. Casi la mitad de ellas (48%) tenía entre 20 y 29 años y 16% eran niñas y adolescentes entre 10 y 19 años.
Un estudio reciente sobre los costos de la atención del aborto en la Argentina asume que, en un escenario en el que la despenalización se acompañe de la garantía de acceso universal, las estimaciones sugieren que se produciría "un ahorro neto de recursos para el sistema de salud en su conjunto, ya que el ahorro por la prevención de las complicaciones gracias a las prácticas seguras, superaría mucho a los costos de sufragar la realización del aborto en condiciones seguras en los centros de salud públicos o privados. [...] desde el punto de vista estrictamente económico, no habría evidencia a favor de continuar con el actual régimen de ilegalidad en la práctica del aborto en la Argentina. Los resultados de la comparación de los costos monetarios totales (privados o de bolsillo y para el sistema de salud) del escenario actual de ilegalidad y práctica insegura del aborto, frente a escenarios potenciales de prácticas seguras, muestran que se podría ahorrar una gran cantidad de recursos si se implementaran los protocolos recomendados, lo cual solo parece posible en un contexto de legalización y control estricto de las prácticas".
Desde 1921 el Código Penal argentino permite el aborto en casos de peligro para la vida o salud de la mujer, o en caso de violación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó en 2012 estas causales y las reconoció como un derecho, cuyos estándares son establecidos en el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo".
