Wenance: 200 trabajadores de Telefe fueron estafados por la empresa
Las personas afectadas por la situación en la emisora de Martínez están considerando la posibilidad de trabajar juntas en una estrategia legal para recuperar sus ahorros
Un grupo compuesto por más de 200 empleados de Telefé fue perjudicado por el colapso de la empresa Wenance. Esta fintech ha enfrentado acusaciones de estafa por parte de numerosos inversores que habían depositado sus ahorros en la plataforma dirigida por Alejandro Muszack. En busca de soluciones, este grupo de trabajadores está considerando emprender una acción legal conjunta con el propósito de recuperar los fondos invertidos. Estos fondos fueron canalizados hacia la fintech a través de un productor afiliado al canal de Martínez. Dicho productor estaba involucrado en la creación de un "pool" de inversiones diversas que ofrecía a sus colegas. Se presume que, bajo el supuesto respaldo de la fintech, optó por invertir los fondos acumulados, o una parte sustancial de los mismos, en la plataforma. Un empleado informado sobre la situación compartió: "Es un escándalo. En algunos casos, no se trataba de inversiones, sino de pequeños ahorros, lo cual ya es perjudicial. En otros casos, individuos del canal entregaron indemnizaciones al productor para su inversión, lo cual ha tenido consecuencias dramáticas".
La caída de Wenance ha tomado proporciones trágicas, incluso vinculándose con el fallecimiento de un respetado y querido miembro de la industria artística que estaba entre los afectados. Este individuo había perdido una suma significativa de dinero que había ahorrado a lo largo de su carrera y, lamentablemente, decidió quitarse la vida semanas atrás.
Cuál es la cantidad de afectados con la caida de Wenance
Los trabajadores de Telefé se sumarán a la creciente lista de personas perjudicadas que han acusado a Wenance de incumplimiento y estafa. Estos damnificados ya suman alrededor de 3,000 inversores, quienes habían confiado sus ahorros a fideicomisos privados por un monto total superior a los 35,000 millones de pesos. En medio de esta situación y después de enfrentar casi dos meses de agitación, durante los cuales también ocurrieron más de 200 despidos y se expandieron los problemas a sus operaciones en Uruguay y España, la empresa solicitó a principios de mes una convocatoria de acreedores.
En un intento por encontrar una solución, la empresa liderada por Muszak había planteado una propuesta a sus inversores, la cual quedó sin efecto posteriormente. Argumentan que esa fue la vía legal que encontraron para seguir adelante y poder mantener su funcionamiento. Sin embargo, en lugar de mejorar, la situación de la empresa ha empeorado.
El viernes 11 de agosto, la compañía también enfrentó acusaciones en Uruguay por parte de dos grupos de inversores locales. Estos inversores presentaron una demanda por estafa luego de que la empresa anunciara su intención de someterse a un concurso preventivo de acreedores con el fin de reestructurar sus deudas. La demanda de los 350 inversores uruguayos asciende a un total de 13 millones de dólares estadounidenses.
La semana pasada, el sistema judicial rechazó la solicitud de convocatoria presentada por la fintech. El Juzgado Civil y Comercial N° 9 de San Isidro denegó la autorización para llevar a cabo un concurso de acreedores que habría permitido regular los pagos pendientes a alrededor de 8,000 acreedores. Aunque la empresa ha anunciado su intención de apelar la decisión, la jueza Gabriela Paladín emitió el fallo alegando su "incompetencia" para considerar la solicitud de convocatoria. La jueza explicó que el tribunal no tenía jurisdicción para abordar el pedido, ya que la sede real de la empresa se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires, y no en la localidad de Vicente López, tal como había afirmado la empresa en su solicitud. Además, aunque reconoció que la empresa no era un banco, dado su papel como proveedor de créditos no financieros, la regulación que le corresponde es la establecida por la ley de entidades financieras, en lugar de la regulación que rige a las sociedades comerciales, un asunto que está bajo la competencia de la Justicia federal.
“En razón del domicilio de la sociedad presentante, al principio de realidad y la verdadera naturaleza de entidad financiera de Wenance S.A, la intervención de la suscripta en autos llevaría a la vulneración del principio constitucional de Juez Natural, no resultando competente sobre la base de las cuestiones fácticas analizadas”, señaló la magistrada en su fallo
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