La familia del principal acusado de la megaestafa de Hope Funds juntó una millonaria fianza para liberarlo

Enrique Blaksley podría pasar su primera Nochebuena en familia desde que fue detenido en su casa de country en abril de 2018 si todo resulta de acuerdo a lo esperado. El presidente del conglomerado Hope Funds está siendo juzgado desde febrero de 2021 por el Tribunal Federal N°4, presidido por el juez Néstor Costabel. Los magistrados aceptaron la propuesta de autos y bienes pertenecientes al entorno de Enrique Blaksley a modo de fianza, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza. 

El tribunal decidió que un total de 391 millones de pesos serían cubiertos por la nueva "vaquita". Esto significó que una tobillera electrónica fue habilitada y los cinco inmuebles presentados en San Isidro, Palermo y La Matanza, así como los vehículos, fueron embargados. El 24 de octubre, el defensor de Blaksley, Mariano J. Varela, ofreció bienes inmuebles aportados por María Blaksley, María Mercedes Blaksley y Javier Enrique Ochoa, así como María Mercedes Señorans, para satisfacer un pedido de fianza. Esta oferta fue ampliada, agregando dos propiedades y seis vehículos. El tribunal N°4 había hecho una oferta de fianza de 450 millones de pesos en marzo de 2021, que luego fue reducida a 380 millones.

Entre los vehículos embargados se encontraba un Audi Q2 propiedad de José Blaksley, el cual fue tasado en más de 11 millones de pesos. Un inmueble ubicado en Niceto Vega al 5.700, en una zona premium de Palermo, fue tasado en más de 67 millones de pesos. Este inmueble, a diferencia de los demás, pertenece a un empresario boliviano de 41 años que preside varias empresas constructoras, y que no está relacionado de manera societaria con los imputados.

Se prevé que el veredicto sobre el caso se emitirá el año que viene. Blaksley enfrenta a estafas, lavado de activos, captación de ahorros no autorizada, insolvencia fraudulenta, y más delitos. Hasta ahora fue poco el dinero que logró rastrearse en paraísos fiscales que Blaksley había desviado. Más de 300 víctimas lo denunciaron y el perjuicio alcanzó los 1.500 millones de pesos (90 millones de dólares).

El Fiscal General Abel Córdoba, ha solicitado una sentencia severa para Blaksley: diez años de prisión, además de una elevada multa. Será obligado a pagar seis veces el valor de los bienes relacionados con el caso, de ser declarado culpable. La AFIP y el abogado Vega también pidieron 12 años de prisión, mientras que Romero Victorica solicitó 18. Tras estos últimos desarrollos, se espera que el juicio tenga lugar tras la feria judicial. Debido a la pena esperada, los querellantes temen que Blaksley pueda fugarse.