La disputa entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la compañía de entretenimiento The Walt Disney Company ha aumentado su intensidad con una serie de demandas y contrademandas. Ambas partes se mantienen firmes y se retan a enfrentarse en nuevos escenarios, sin lograr alcanzar la victoria hasta el momento. Dependiendo de quién resulte victorioso, la relación histórica entre el gobierno y las empresas podría experimentar un cambio drástico. En esta dinámica, el gobierno ha sido responsable de crear un ambiente estable que permita el crecimiento de las empresas, mientras que estas últimas deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada a través del voto.

Es bien sabido que el gobernador de Florida está enfrascado en una lucha ideológica en contra de lo que él percibe como la agenda WOKE, la cual busca transformar drásticamente la conciencia social. Como resultado, ha promovido legislaciones que prohíben la enseñanza de la teoría crítica de la raza en el ámbito educativo, limitan el activismo empresarial y restringen el acceso al aborto, al mismo tiempo que protegen el derecho de los padres a regular la educación de sus hijos.

Cómo empezó la disputa entre Disney y Ron DeSantis

El inicio de la disputa entre el gobernador y la multinacional del entretenimiento se originó cuando Bob Chapek, exdirector ejecutivo de Disney, como parte del activismo corporativo, criticó públicamente la Ley del Derecho de los Padres en la Educación, uno de los pilares de la batalla ideológica de DeSantis. Esta ley prohíbe la enseñanza de educación sexual e identidad de género a niños de kindergarten a tercer grado en las escuelas públicas de Florida. Chapek, hablando en representación de su compañía, declaró su oposición a la ley, su intención de trabajar para derogarla y revisar las donaciones de Disney a los políticos de Florida, lo que representó una amenaza a la lucha contra el activismo corporativo liderada por DeSantis.

De acuerdo con opensecrets.org, en 2022, el 88,1% de las donaciones de Disney fueron destinadas a candidatos demócratas y el 10,87% a los republicanos. Ante esto, DeSantis, contando con el respaldo de una mayoría conservadora en el Congreso estatal, instó a la legislatura a limitar la autoridad de Disney en la administración del distrito especial Reedy Creek Improvement, en Orlando, donde se encuentran sus parques.

La mayoría conservadora de Tallahassee aprobó la ley HB9B, que autoriza al gobernador de Florida a nombrar a los cinco miembros de la Junta de Supervisión, el órgano político que ahora administra el distrito especial. Además, cambió el nombre a ese territorio por el de Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central.

La compañía de entretenimiento líder actualmente emplea a más de 75,000 trabajadores y atrae a más de 50 millones de visitantes a sus parques temáticos cada año, generando una gran cantidad de empleos indirectos y contribuyendo significativamente a los impuestos estatales y locales. El abogado Juan Carlos Planas afirma que el Plan Maestro de Desarrollo firmado por la Junta de Reedy Creek con Disney en 2022 no fue un acto ilegal, pero advierte que el intento del gobernador DeSantis de derogar dicho contrato podría sentar un peligroso precedente legal que afectaría negativamente el desarrollo urbano y cualquier proyecto importante en el estado de Florida.

En una reunión anual de accionistas, el director general de Disney, Bob Iger, señaló que la compañía respeta lo que el estado ha hecho por ellos y tiene derecho a la libertad de expresión, mientras que Plana sugiere que DeSantis está más preocupado por el contenido ideológico de los productos de entretenimiento de Disney que por el bienestar del estado. Esta controversia podría ser agravada por la presencia de accionistas importantes como Vanguard Group y BlackRock Fund. “En 2022 formalizamos nuestro compromiso con la diversidad, equidad e inclusión DEI. Vanguard se convirtió en miembro fundador de la Global Parity Alliance del Foro Económico Mundial, un grupo intersectorial de empresas comprometidas con el avance de la DEI en el lugar del trabajo y más allá”, advierte BlackRock en su decálogo.