El 29 de mayo pasado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció la desarticulación de una célula del Tren de Aragua, acusada de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Doce detenidos y un mensaje contundente contra el crimen organizado marcaron el operativo. Pero detrás del impacto mediático surge un interrogante: ¿existen pruebas suficientes que acrediten la pertenencia de todos los imputados a la organización criminal venezolana o se trata de una construcción política bajo la utilización de inocentes?

La versión oficial sostiene que la banda, vinculada a Guillermo Rafael Boscán Bracho —detenido en Ezeiza y señalado como uno de los criminales más buscados de Venezuela—, operaba en Capital Federal, Buenos Aires y Corrientes. Según el Ministerio de Seguridad, el grupo canalizaba fondos ilícitos mediante sistemas informales como el hawala, con el objetivo de financiar actividades terroristas y sostener la expansión del Tren de Aragua en Sudamérica. La trama judicial muestra su nacimiento casi en paralelo cuando el gobierno nacional rompió toda clase de relación con el gobierno del hoy buscado Nicolás Maduro, sobre todo a partir de la ilegal detención del gendarme argentino Nahuel Gallo.

El expediente judicial revela una trama más compleja. Si bien se señala la existencia de una organización criminal, la prueba no confirmaría la hipótesis inicial de la investigación, como nos señala el Dr. Christian Andrés Pérez Sasso, abogado defensor de José Antonio Lanz Guevara, uno de los imputados: “En el caso de nuestro asistido partimos de que no posee antecedentes vinculados al terrorismo y no solamente esto, sino que se lo vincula a una organización como el Tren de Aragua sin relación de parentesco o afinidad con el principal investigado o la familia de este”.

Asimismo, el consultado letrado expresó: “La imputación con claros tintes políticos sobre personas inocentes, descarto la existencia como tal del sistema hawala, precisamente porque los fondos investigados son bancarizados. A pesar de esto, el caso de Lanz Guevara es paradójico en virtud de que proveía un servicio legal, a la vista pública, con inscripción impositiva y cuentas bancarias a su nombre, lo que desarma la hipótesis de clandestinidad”.

Las incongruencias juridicas del caso

Otro punto controvertido es la aplicación retroactiva de figuras penales, como el delito tipificado en la Ley Antimafias (art. 210 ter), sancionada en marzo de 2025, cuando las operaciones investigadas habrían ocurrido con anterioridad. “Pretender aplicar una norma que no existía al momento de los hechos vulnera el principio de legalidad”, advierte el Dr. Pérez Sasso.

Resulta además una extrañeza que el principal investigado, Boscán Bracho, tenga un pedido de extradición del gobierno venezolano ante el marcado conflicto político con nuestro país, que es donde parte el principio de esta investigación. Además, concluye sobre este extremo el letrado: “En caso de existir actividad ilícita no demostrada hasta el momento, no hay registros de escuchas ni pruebas directas que vinculen a Lanz Guevara con Boscán Bracho, ni con el núcleo familiar que, según la acusación, lideraba la estructura. Si el imputado no formaba parte del círculo íntimo ni tenía contacto con el cabecilla, ¿cómo se explica que conociera el destino ilícito de los fondos? Todo sin respuesta desde la actividad judicial”.

El operativo fue anunciado en conferencia de prensa por Bullrich, junto a altos mandos de la Policía Federal y funcionarios de Seguridad, y contó con la colaboración del FBI e Interpol. El mensaje fue claro: tolerancia cero al crimen transnacional. Pero, a contrapunto, nos encontramos ante la posible “utilización política del caso”, señalando filtraciones a la prensa y una narrativa oficial que colocó a todos los imputados en la órbita del Tren de Aragua, sin la debida solidez probatoria necesaria. El caso abre un debate sobre la delgada línea entre la lucha contra el crimen organizado y el respeto a las garantías constitucionales. Mientras la causa sigue su curso y los acusados permanecen privados de libertad, la pregunta persiste: ¿estamos frente a una verdadera célula terrorista o a una construcción judicial y mediática en tiempos electorales?