El dilema de la casa de Munro: inquilinos, un muerto y una propiedad en disputa

Semanas atrás, una jubilada que pasaba con creces los 80 años se acercó a la redacción y aseguró que su casa, ubicada en Munro, partido de Vicente López, estaba habitada por “ocupas” que no se querían ir de la propiedad. La señora, había heredado la casa en cuestión por parte de su hermano, quien falleció hace aproximadamente un año a causa de una enfermedad terminal. Según palabras de la señora, “los antiguos inquilinos jamás habían pagado el alquiler y para colmo, una vez fallecido su hermano, estaban reticentes a abandonar el hogar que en este momento es de su propiedad”. Movidos por la historia, nuestro equipo periodístico se dirigió al lugar de los hechos para investigar más a fondo la situación. Al llegar, nos encontramos con la familia que ocupaba la vivienda, identificados como Bianca y Juan Cruz, acompañados de su hija menor de edad. En una conversación cordial compartieron su perspectiva de la historia y aseguraron que quieren buscar una solución.

La propiedad que una vez fue el hogar de la jubilada ahora está habitada por la pareja. Él es empleado de una empresa de fumigación y anteriormente trabajó en Divaflo. Según Bianca y Juan Cruz, la decisión de quedarse en la vivienda no fue tomada a la ligera. Argumentan que se encontraban en una situación desesperada, sin un lugar estable donde vivir y se enteraron que falleció el propietario por amigos en común. "No queremos quedarnos aquí indefinidamente", expresó Juan Cruz. "Solo estamos tratando de encontrar una solución temporal para tener un techo sobre nuestras cabezas mientras buscamos alternativas". En los registros públicos, figura vinculada al joven otra propiedad dentro de Vicente López sobre la calle Nicaragua al 5000.

El joven señaló además que “jamás fueron notificados que debían abandonar la propiedad en cuestión” y se mostró predispuesto a brindar una entrevista en los próximos días para poder limpiar su imagen. “Yo no quiero que vengan los medios y se arme bardo. Somos gente de laburo. Nadie se va a quedar con la propiedad pero tengo que hablar con mi mujer”, agregó cordialmente.

Déficit habitacional: una deuda de la sociedad con los jóvenes

A diario, asistimos en los principales noticieros del país a un “reality del ocupa”. Todos recordamos, con dolor, la familia que meses atrás fue tapada con cemento por parte de la policía de Avellaneda cuando se negaba a abandonar una propiedad. Lo mismo, sucedió en Guernica cuando ante la negativa por parte de un grupo de personas de abandonar unos terrenos destinados al desarrollo de un barrio cerrado, la gendarmería avanzó de maneja salvaje ante ellos.

También recordamos todos el caso de Elena, la madre de 4 hijos que vivió el escarnio mediático en carne propia. Un grupo de periodistas de diversos canales hicieron de su vida un verdadero “show” con móviles y cámaras en la puerta de su casa, el colegio de sus hijos y el trabajo de su esposo. Pero lamentablemente, los dirigentes siguen haciendo caso omiso a las necesidades de un sector de la sociedad imposibilitado de tener un techo propio.

La pandemia puso en evidencia los enormes déficits habitacionales de nuestro país. El aislamiento y la crisis económica y sanitaria no revelaron novedades al problema de la vivienda, pero su brutal visibilización desnaturalizó el hecho de que millones de personas no viven en condiciones dignas. Problemáticas estructurales se instalaron como urgentes en la agenda pública. Si crisis es oportunidad, es momento de dar los debates urgentes que nos debemos. ¿Cuánto tiempo tiene que persistir un problema para que avancemos hacia soluciones definitivas? ¿Cuán masivo debe ser, para perder dimensión de emergencia y considerarse como estructural?

Tomas de tierras, familias endeudadas, desalojos informales sin registro ni protección, propietarios e inmobiliarias que especulan con la emergencia para no cumplir leyes (el ejemplo más importante son las extensiones temporales de los contratos de alquiler por fuera de la nueva ley), falta de servicios públicos, de espacios públicos y verdes y hacinamiento, fueron algunas de las problemáticas que se visibilizaron. El problema es diverso y complejo, por lo que requiere de soluciones complejas. Pero lejos de plantear la complejidad como una limitación, nos interesa ponderar la multiplicidad de elementos para no dejar nada por fuera. Que el bosque no nos tape los árboles.

Los problemas habitacionales son expresión de una estructura de desigualdad. Las consecuencias de una forma de producir ambiente que coloca al espacio disponible y al potencial para construir, en función de la acumulación de capital. La definición sobre los usos del suelo (urbano y rural) está dominada por las demandas del mercado. En consecuencia, la población de menores recursos es condenada a la inestabilidad o a condiciones inadecuadas de vida. Mientras el negocio inmobiliario se desarrolla sin control, crece la producción de hábitat informal como resultado de la necesidad. Se genera un mercado sin reglas escritas, pero con las mismas lógicas y precios también cada vez más altos.

El Estado tiene un rol central en esta dinámica. La valorización del suelo y la producción, concentración o redistribución de sus rentas, son decisiones políticas. Los gobiernos intervienen de forma directa con las normas que aprueban, los recursos que asignan y los discursos que construyen. También mediante el desarrollo de infraestructuras -pavimento, agua, cloacas, etc.- o equipamientos sociales -escuelas, hospitales.

Históricamente, la medida de éxito de las políticas habitacionales ha sido la cantidad de viviendas construidas. Sin embargo, aún cuando los indicadores hayan sido altos, los conflictos por la vivienda se mantuvieron o agudizaron, demostrando los límites del enfoque cuantitativo. La política de vivienda debe atender a la complejidad que mencionamos y estar asociada a una idea integral de planificación urbana y del hábitat (con sus dimensiones económicas, sociales, sanitarias, de seguridad y ciudadanía). Ante todo, debe enmarcarse en políticas de regulación del mercado del suelo para evitar que las nuevas viviendas construidas generen un aumento de la demanda de espacio, acentúen prácticas especulativas inmobiliarias y no frenen la suba de precios.

En el año que recién termina se pusieron en funcionamiento, desde el Estado nacional, algunas herramientas importantes como el Plan Nacional de Suelo Urbano, el relanzamiento del Pro.Cre.Ar. y las medidas de integración de barrios populares. Instrumentos que podrán ser potentes en la medida en que estén dotados de presupuesto y se articulen en una política territorial integral y de largo plazo. Estamos ante el desafío de que los distintos niveles del Estado interactúen para superar la visión patrimonialista e individualista del problema de la vivienda. Una política transformadora requiere de combinar herramientas que incluyan la regulación del mercado de compra y alquileres, herramientas de planificación y gestión del suelo, junto con la participación en el diseño e implementación de los actores afectados, la articulación con el sector privado y la construcción y propiedad colectivas.